Un software para espiar teléfonos celulares encendió una nueva polémica en México, ya que según un artículo de The New York Times, habría sido utilizado por parte del gobierno contra abogados de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción. De inmediato, los afectados denunciaron a la administración de Enrique Peña Nieto, pero el Ejecutivo rechazó la versión y sostuvo que "no hay prueba de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje" y que desde el Poder Ejecutivo se condena "cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona".

Aunque no ha habido confirmación oficial, pero tampoco desmentidos, diversas investigaciones periodísticas sostienen que tres agencias gubernamentales mexicanas, la Procuraduría General de la República, la Secretaria de la Defensa Nacional y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, adquirieron hace algunos años el sistema Pegasus. Se trata de un software producido por la compañía tecnológica israelí NSO Group que se infiltra en los teléfonos celulares gracias a lo cual puede hacerle un seguimiento de todos sus movimientos y actividades e incluso utilizar la cámara y el micrófono del dispositivo para vigilar a su dueño.

Según NSO Group, el spyware se vende solo a gobiernos que se comprometen a usarlo solamente contra grupos terroristas y criminales, razón más que justificada en México, aquejado por la acción de carteles de narcotráfico y bandas extorsivas. Pero según el análisis de The New York Times y de analistas independientes, que examinaron decenas de mensajes, el programa fue utilizado contra críticos del gobierno y contra algunos de sus familiares, algo que ha sido calificado por los expertos como "un intento sin precedentes de impedir la lucha contra la corrupción".

"Somos los nuevos enemigos del Estado", afirmó el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, quien habría sido víctima de este espionaje. Entre quienes también habrían sufrido la infiltración del Pegasus están el presentador de la cadena Televisa, Carlos Loret de Mola, la periodista Carmen Aristegui (ambos han investigado presuntos actos de corrupción del gobierno y supuestos abusos a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad) el director del Centro Pro Derechos Humanos Mario Patrón, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (que ha investigado casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa), y Alexandra Zapata y el propio Juan Pardinas del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Bajo la ley mexicana solo un juez federal puede autorizar el seguimiento de las comunicaciones privadas cuando se demuestra una base sólida para su repetición.

Sin embargo, según el Times, describió que varias de las supuestas víctimas de este espionaje recibieron correos falsos, con advertencias y alarmas -como denuncias de la presencia de autos con hombres armados delante de sus casas- para que pincharan en enlaces que permiten el acceso del Pegasus a los celulares en cuestión.

"El espionaje abre la puerta para que lleguen más lejos: la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas, los asesinatos... Es claro que quieren que sepan que nos están espiando, que somos vulnerables, que ellos saben de nuestros hijos, nuestras vidas privadas y laborales", dijo Loret de Mola.

"El gobierno mexicano espía a sus críticos. Utiliza el dinero de todos nosotros para cometer este tipo de ilícitos", destacó Carmen Aristegui en una conferencia de prensa en la que responsabilizó al Ejecutivo de Enrique Peña Nieto de los ataques y le pidió explicaciones. El celular de un hijo de Aristegui también habría sido atacado por el malware.

Según los expertos, la infección con Pegasus no tiene antídoto. "Es prácticamente imposible deshacerse de él", según John-Scott Railton, investigador de Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto que investiga temas de tecnologías de la comunicación y seguridad digital. "El teléfono se convierte en un espía en tu bolsillo. Tienen accesos a tus correos, mensajes, aplicaciones, a tu localización y a las cámaras de tus dispositivos", explicó Railton citado por el diario español El País. Según Citizen Lab, cada intento de espionaje tiene un costo que ronda los US$ 77.000. Un costo tan alto que todo apunta a que detrás de este espionaje estaría el gobierno mexicano.

Ya en septiembre de 2016 el diario mexicano Reforma publicó que la Procuraduría General de la República había comprado el sistema Pegasus por US$ 15 millones, en el período que va entre 2014 y 2015. La PGR se ha negado a responder con claridad si acaso había firmado contratos con NSO Group.