El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, confirmó que enviará el informe de la Contraloría sobre los pagos a "falsos exonerados" al Consejo de Defensa del Estado.
Junto con ello, pedirá que se anulen los pagos para los tres mil casos en que se presentaron problemas en su calificación, de un universo investigado de 9 mil. Entre las irregularidades detectadas está la calificación de exonerados a personas que tenían documentación sin relato político.
"El día de hoy estoy enviando al CDE el informe de la Contraloría, y voy a retierar en este mismo oficio la necesidad que el CDE inicie dos tipos de acciones judiciales: una tendientes a anular todas aquellas pensiones que están siendo entregadas mensualmente anularlas porque tienen vicios en su genesis, en su otorgamiento", detalló.
Ubilla recalcó que junto con "la anulación de aquellas pensiones que han sido mal otorgadas" se debe avanzar "en la busqueda de responsabilidades judiciales penales a aquellas personas que participaron otorgamiento de estos beneficios".
En otro ámbito de la investigación, la Contraloría estimó en 29 mil millones de pesos los pagos indebidos entre 2005 a 2012 a 5 mil 917 beneficiarios de pensiones vitalicias, por lo que se inició un sumario en el instituto de previsión social. Si bien estas personas podían calificar como exonerados no reunían los requisitos para recibir el pago de por vida.
Otras de las irregularidades detectadas en la investigación fueron el pago a personas fallecidas y listas con postulantes sin nombres.
