En el marco de la tercera jornada de audiencias del juicio oral contra 10 imputados acusados de coludirse para elevar los precios de 222 medicamentos, los fiscales Jaime Retamal y Marcelo Carrasco, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, presentaron correos electrónicos que dan cuenta de la alteración fraudulenta de precios entre las farmacias Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde.
Se trata de correos enviados al testigo Jaime Trewik, quien se desempeño hasta 2010 como ingeniero comercial de Farmacias Ahumada, en el que se le indicaba que debía subir en el sistema el precio de determinado medicamento, dado que Cruz Verde lo haría al día siguiente.
Este tipo de correos junto a las planillas de datos que consignaban los precios de 222 medicamentos y los valores a los que llegaron en las tres cadenas en fechas determinadas, son pruebas a través de las cuales se busca demostrar la existencia de un mecanismo para alterar de modo fraudulento los precios.
Durante la jornada de este miércoles, la defensa de los ejecutivos acusados por la Fiscalía Centro Norte solicitó al tribunal la exclusión de los correos electrónicos presentados como prueba por el Ministerio Público. Sin embargo, los magistrados desecharon la solicitud, señalando que la prueba ya había pasado lo controles.
Los 10 imputados por este caso son Sergio Purcell y Ricardo Ewertz (ex Fasa); Ricardo Valdivia y Cristián Catalán (relacionados en el caso por Cruz Verde), y Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez (Salcobrand), además del ex gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman.
En julio de 2013, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte les ofreció a los ejecutivos vinculados al caso un acuerdo que implicaba que debían ir a clases de ética, además del pago de una multa en donaciones a instituciones de salud y ONG por un monto de $ 255 millones.
Sin embargo, esa salida no prosperó. A fines de agosto de ese mismo año, la Corte de Apelaciones revocó el acuerdo y determinó que los 10 ejecutivos de las farmacias debían ir a un juicio oral.
Se estima que el juicio oral se extendrá entre 45 a 90 días.
