Caso Farmacias: Justicia aprueba suspensión condicional por un año a imputados

El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sanchez, aprobó este lunes el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y los 10 imputados por el delito de alteración fraudulenta de precios, en el denominado caso farmacias, lo que permitirá la suspensión condicional por un año del procedimiento.

La Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, a cargo del fiscal José Morales, les ofreció a los imputados que paguen un total de más de $255 millones, los que se destinarán a la Cruz Roja, Coaniquem, el Instituto Nacional del Cáncer y la Liga Chilena Contra la Epilepsia, por la suspensión.

Esta figura judicial consiste en que se declara suspendido el proceso penal respecto de los imputados, con la condición de que cumplan determinados requisitos económicos y de conducta.

El juez resolvió que pasado un año se revisará si cumplieron los requisitos establecidos, y si es así se determinará la suspensión definitiva.

Los 10 imputados en el caso: Sergio Purcell y Ricardo Ewertz, de Fasa; Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, de Cruz Verde, y Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez, de Salcobrand y el gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman, aceptaron la propuesta de la Fiscalía en el marco de la audiencia preparatoria que se realizó esta mañana.

El jefe de la Fiscalía Regional Metropoitana Centro Norte, Andrés Montes criticó la legislación existente, ya que "es insuficiente para hacerse cargo de la colusión como un fenómeno delictivo que afecta a los chilenos". Montes estimó que la pena por estos delitos es muy baja y que podría haber llegado a 21 días, "obviamente sin ningún tipo de privación de libertad. Eso es insuficiente. Este delito es grave y debe ser sancionado drásticamente" puntualizó.

El fiscal hizo un llamando a "legislar seriamente sobre la colusión y la necesidad de sancionarlo con penas que sean realmente disuasivas".

La investigación penal comenzó en 2009 a raíz de la querella interpuesta por la Confusam, el senador PPD Guido Girardi y el diputado DC Gabriel Silber. Ese año, Farmacias Ahumada se desvinculó del caso a través de "delación compensada", en la que admitió irregularidades y entregó información, recibiendo una multa de US$1 millón. Posteriormente, en marzo de 2011, el entonces fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Luis Inostroza, formalizó a 17 ejecutivos por alteración fraudulenta de precios.

En otra arista del caso a comienzos del año pasado el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aplicó una multa de US$20 millones a Salcobrand y Cruz Verde respectivamente, por coludirse junto a Farmacias Ahumada (Fasa) para fijar los precios de al menos 206 medicamentos, sanción que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema.

El fallo del TDLC Libre Competencia consideró numerosas pruebas recogidas en la investigación del Ministerio Público.

APORTES MONETARIOS

Roberto Leopoldo Belloi Pechini,  gerente general de Farmacias Salcobrand, deberá pagar $45 millones los cuales se dividirán en aportes para la Liga Chilena contra la Epiledsia ($5 millones), la corporación nacional del cancer ($20 millones) y a Cruz Roja ($20 millones).

Ramón Avila Silva, gerente comercial de Farmacias Salcobrand deberá aportar $30 millones, los cuales irán a la Liga Chilena contra la Epilepsia ($5 millones), la corporación nacional del cancer ($15 millones) y a Cruz Roja ($10 millones).

En tanto, Mario Zemelman Rivaros, Gerente Gral Laboratorio Medipharm, deberá pagar $30 millones aportados a la Liga Chilena contra la Epilepsia ($5 millones), la corporación nacional del cancer ($10 millones) y a Cruz Roja ($15 millones).
 
Mehilin Velásquez Chau, jefa de departamento de precios de Salcobrand cancelará $15 millones los cuales irán a Liga Chilena contra la Epilepsia ($5 millones), la corporación nacional del cancer ($5 millones) y a Cruz Roja ($5 millones).

Claudia Fanny Carmona Zuñiga,  category manager de Salcobrand pagará $15 Millones los cuales irán a la Liga Chilena contra la Epilepsia

Judith Margarita Carreño Oteíza, category manager de Salcobrand Pagará $15 millones que irán a su totalidad a Liga Chilena contra la Epilepsia

Por su parte Sergio Puercell Robinson,  gerente general de Farmacias Ahumada pagará $45 millones, que se dividirán en aportes a Liga Chilena contra la Epilepsia ($20 millones), la corporación nacional del cancer ($20 millones) y a Cruz Roja ($5 millones).

Ricardo Ewertz Munchemeyer,  gerente comercial área Farma de Farmacias Ahumada cancelará 15$ millones que irán a Coaniquem.

En el caso de Ricardo Iván Valdivia Kloques, gerente área Farma de Farmacias Cruz Verde deberá para $30 millones en medicamentos para Coaniquem.

Cristián Marcelo Catalán López, category manager de Cruz Verde deberá pagar $15 millones en medicamentos, 7,7 millones a Coaniquem y 7,5 a Conac.

OTRAS CONDICIONES

Los imputados Ricardo Valdivia, Cristián Catalán, Sergio Purcell y Ricardo Ewertz deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Asistir a programa de capacitación, específicamente inscribirse, asistir y aprobar un curso presencial de una duración mínima de 30 horas lectivas, sobre ética empresarial, buenas prácticas de gobierno corporativo o responsabilidad social de la empresa, que sea impartido por una Universidad que a la fecha cuente con una acreditación concedida por un periodo de 4 años o mas.

Asimismo, los imputados Roberto Belloni, Ramón Avila, Mario Zemelman, Mehilin Velásquez, Claudia Carmona y Judith Carreño, deberán contribuir a que las empresas farmacéuticas para las cuales trabajaban a la fecha de los hechos materia de la acusación lo siguiente:

Elaboren e implementen un "Programa de cumplimiento de la normativa de la libre competencia" que permita prevenir la comisión al interior de estas empresas de atentados contra la libre competencia y que cumpla con los requisitos esenciales establecidos en la Guía que para fomentar la adopción de tales programas por parte de los agentes económicos, fue elaborada y publicada en Junio de 2012 por a Fiscalía Nacional económica.

Además deberán elaborar e implementar, un modelo de prevención de delitos en los términos establecidos en el artículo 4 de la ley 20393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.