El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a 540 días de presidio al ex ejecutivo del Laboratorio Grünenthal, Gonzalo Izquierdo por su responsabilidad como autor de delitos reiterados de alteración fraudulenta de precios de medicamentos, en el marco de la investigación por el caso colusión entre las farmacias, Salcobrand, Cruz Verde y Farmacias Ahumada y que implicó alzas de precios de 206 medicamentos entre los años 2007 y 2008.

La condena se obtuvo mediante un juicio abreviado. De este modo, el acusado Izquierdo Rivera se transforma en el primero de los imputados de este caso que es declarado culpable de este ilícito.

En la audiencia, el fiscal Centro Norte Jaime Retamal solicitó en contra de Izquierdo Rivera, la pena de 540 días de reclusión como autor del delito. Dicha pena fue solicitada considerando las circunstancias atenuantes de que el imputado colaboró con el esclarecimiento de los hechos expuestos en la acusación y mantener irreprochable conducta anterior.

En su resolución, el Séptimo Juzgado de Garantía aplicó la pena solicitada y otorgó el beneficio de la remisión condicional de la pena. Lo anterior, no obstante que todas las defensas de los restantes acusados se opusieron a la realización del procedimiento abreviado respecto de Izquierdo, lo que fue desestimado por el tribunal.

A fines del año pasado la Fiscalía Metropolitana Centro Norte sumó a Izquierdo como acusado, quien había sido beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento por haber colaborado con la investigación.

"A él se le formalizó en la investigación como a todos los ejecutivos de los laboratorios y de las farmacias. En su minuto, el Ministerio Público estimó que era procedente suspenderlo condicionalmente, pero esa suspensión fue revocada porque el imputado incumplió gravemente una de las condiciones que era no ser objeto de una nueva formalización y lo fue. Fue formalizado por estafa debido a que fue sorprendido en el verano de este año en un casino de juegos en el sur de Chile", explicaron desde la Fiscalía en ese momento.

En tanto esta mañana se realizó la audiencia de preparación del juicio oral de los 10 imputados por el delito de alteración fraudulenta de precios: Sergio Purcell y Ricardo Ewertz, de Fasa; Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, de Cruz Verde, y Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez, de Salcobrand y el gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman. La Fiscalía está solicitando para todos ellos una pena de cinco años de presidio.

Se espera que esta audiencia de preparación de juicio se extienda por aproximadamente dos semanas, ocasión en que se debatirá acerca de los medios probatorios que serán expuestos en el desarrollo del juicio oral.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Centro Norte, tras la denominada "guerra de precios" que sostuvieron las cadenas de Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand, los ejecutivos tomaron contacto con sus contrapartes en los laboratorios para efectuar un alza programada y coordinada de los precios de los medicamentos.

Los ejecutivos de los laboratorios hicieron llegar a las tres cadenas los nuevos precios asociados a las alzas concertadas. Ello derivó en que las tres cadenas alzaron concertadamente los precios de los medicamentos y alteraran así el precio que habrían tenido en caso de seguir operando la libre competencia.

La implementación de estas alzas era desconocida para los consumidores y derivó en el aumento en el precio de los medicamentos que superaron incluso el 100%.

Cabe recordar que el caso retornó al Séptimo Juzgado de Garantía, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la suspensión condicional del proceso que el Ministerio Público había acordado con los 10 imputados, tras haber convenido que pagaran en conjunto unos $255 millones, que se destinarían a la Cruz Roja, Coaniquem, el Instituto Nacional del Cáncer y la Liga Chilena Contra la Epilepsia, además de su asistencia a clases de ética empresarial.

La investigación penal comenzó en 2009 a raíz de la querella interpuesta por la Confusam, el senador PPD Guido Girardi y el diputado DC Gabriel Silber. Ese año, Farmacias Ahumada se desvinculó del caso a través de "delación compensada", en la que admitió irregularidades y entregó información, recibiendo una multa de US$1 millón. Posteriormente, en marzo de 2011, el entonces fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Luis Inostroza, formalizó a 17 ejecutivos por alteración fraudulenta de precios.