La Contraloría General de la República notificó ayer a altos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) sus primeras conclusiones por el sumario abierto tras la condonación de multas e intereses por más de US$ 100 millones a la empresa Johnson´s, en 2011. El organismo notificó al director del SII, Julio Pereira, que el fiscal a cargo de la investigación decidió no levantar cargos en su contra por la operación, pero sí lo hizo contra dos altos funcionarios: Mario Vila, actual subdirector jurídico del SII, y Mirtha Barra, ex directora de Grandes Contribuyentes.

Fuentes que conocen la causa señalan la Contraloría pidió la suspensión de Vila mientras dure el proceso. El actual subdirector jurídico -que llegó al SII junto a Pereira, con quien trabajó en PwC- defendió a Johnson's en juicios tributarios cuando trabajaba en la empresa de auditoría.

Tras la notificación, los dos funcionarios podrán presentar descargos y luego será el contralor, Ramiro Mendoza, quien decidirá si cursa sanciones o no. En el caso de Pereira, Mendoza tiene dos opciones: o lo absuelve o decide reformular cargos.

SUMARIO
Ayer, la Contraloría hizo públicos tres dictámenes relativos a Pereira y el SII. Dos fueron favorables al director del organismo: uno desechó conflictos en la contratación de su cuñado en Valparaíso; otro desestimó la consulta del DC Fuad Chahín, en cuanto a si procedía la toma de razón por parte de la entidad, en las devoluciones de pagos provisionales por utilidades absorbidas respecto de Johnson's.

Donde sí Pereira sufrió un revés fue en la contratación sin licitación de una consultora comunicacional, que lo asesora desde que estalló el caso: la Contraloría resolvió instruir un sumario por la contratación de "Inversiones y Asesorías San Ignacio" -del periodista Andrés Velasco-, por un monto de $ 36 millones en 2012.

Según la resolución, no se advierten las razones para justificar un "trato directo".

El fallo responde a una denuncia interpuesta por la Asociación de Funcionarios del SII, en el marco del caso Johnson's. Estos acusan que la asesoría era para la "protección comunicacional personal" tanto de Pereira como del subdirector jurídico.

En su respuesta, el SII justifica la contratación directa, "por cuanto se adquirió un servicio de asesoría comunicacional para desarrollar proyectos de carácter estratégico, cuyos contenidos se relacionaban con materias insertas en investigaciones y procedimientos necesarios para la preparación de defensas públicas y judiciales, por lo que su divulgación, de haberse optado por licitación, podría haber puesto en riesgo la labor fiscalizadora que ejercen".

Contraloría desecha el argumento, sostiendo que "no se divisa cómo el hecho" de haber llamado a una licitación pública implicaría la divulgación de investigaciones o procedimientos para una defensa. "Máxime si la naturaleza de los servicios son de índole comunicacional", agrega.

EL DESTINO DEL JEFE DEL SII
La operación que favoreció a Johnson's incomodó al gobierno por los cuestionamientos de la oposición sobre posibles conflictos de interés y por la idea de favorecer a las grandes empresas.

Si bien en círculos oficialistas defendieron la legalidad de la operación y aseguraron que con ella se protegió en parte el interés fiscal, en la Alianza no son pocos quienes sostienen que el destino de Pereira quedó sellado cuando el Presidente Sebastián Piñera dijo, en entrevista a La Tercera el 2 de febrero, que "no le gustó" no haber sido informado de la condonación y que su beneficio al Fisco era "opinable".

En la Alianza dicen que al no formulársele cargos, podría tener una salida menos traumática, pero que ésta es prácticamente un hecho. En el entorno de Pereira acotan que entregar información a un tercero que no sea un tribunal constituye un delito. Y que si además no recibió cargos, el gobierno pierde argumentos para su salida.