Cuatro interpretaciones para un mismo problema. El cuestionado acuerdo entre el Serviu de la Región Metropolitana y el Consorcio Kodama para el pago de más de $ 16.600 millones a la empresa como indemnización por mayores gastos incurridos en la construcción de un corredor Pedro Aguirre Cerda del Transantiago, abre interrogantes relativas no sólo al futuro judicial del caso, sino también en lo referente a las grandes diferencias observadas en las conclusiones de los organismos técnicos -privados y públicos- que analizaron las características del acuerdo.Específicamente en la estimación de los sobrecostos en que habría incurrido la firma y que eran susceptibles de ser compensados por el Estado.

Mientras en un extremo el Dictuc de la Universidad Católica cifró el monto en $ 17.313 millones, finalmente la Contraloría dictaminó apenas $ 131 millones, a gran distancia también de lo determinado por el Serviu -$ 14.000 millones- y por el Idiem de la Universidad de Chile -$ 2.800 millones-.

¿Cómo entender estas abismantes divergencias? A continuación un detalle de lo que supuestamente intentó medir cada uno y la visión de expertos independientes sobre el porqué de tales diferencias.

Lo que dijo el Dictuc
El primer organismo en pronunciarse fue el Dictuc, de la Universidad Católica. A pocos días de entablar una demanda civil por $ 41 mil millones en contra del Serviu por mayores gastos producto de la ampliación de plazos de la obra  -no considerados en el contrato original de 2006 por $ 25.567 millones-, Kodama recibió a comienzos de enero el informe técnico encargado por la empresa al Dictuc.

Este estudio fijó los sobrecostos de la empresa en $ 17.313 millones, señalando que cada una de las partidas reclamadas  se sustentaba "en fundamentos técnicos y hechos acreditados" y que "poseen un correlato con los antecedentes reales".

De los 12 ítemes considerados por el Dictuc, el de "gastos generales" concentró más del 50% del monto estimado a pagar ($ 9.700 millones), principalmente por mayores costos asociados al aumento de plazos de la obra. En diciembre de 2007 y diciembre de 2008 el plazo de la obra aumentó en 300 y 250 días, respectivamente. La demanda de Kodama surge como respuesta al rechazo del Serviu a reconocer mayores gastos por una nueva solicitud de aumento de esosplazos.

El informe del Serviu
El 25 de enero, un día antes de la fecha fijada para la audiencia de conciliación de la demanda, el Serviu RM y Kodama lograron un acuerdo de transacción -rubricado posteriormente por la ex ministra Matte-, en que se pactó el pago de $ 16.636 millones de indemnización. Según consta en el informe de Contraloría conocido la semana pasada, la entidad pública había estimado -con antecedentes no debidamente sustentados-, en poco más de $ 14 mil millones el monto a pagar a la empresa.

Señala que este monto  habrían considerado, como referencia, el informe elaborado por Dictuc. La justificación técnica para esta propuesta de indemnización consta en un informe elaborado por el Serviu  con posterioridad a la citada transacción por $ 16.636 millones y en el que se consideran 12 ítemes susceptibles de pago. El principal: mayores costos generales, estimados en $ 8.389 millones.

Tras frenar el pago a Kodama, el Minvu encargó al Idiem de la Universidad de Chile un estudio para  analizar los informes generados por el Dictuc y el Serviu con motivo de la demanda indemnizatoria interpuesta por la empresa.

El estudio del Idiem, entregado el 25 de abril, cifró en $ 2.830 millones los sobrecostos de la empresa susceptibles de ser reembolsados por el Estado. Este análisis considera como válidos sólo 4 de los 12 ítemes susceptibles de pago propuestos por el Serviu,  y además con montos de indemnización sustancialmente menores. Así, por ejemplo, reduce a $ 2.132 millones el pago por gastos generales, y a $ 698 millones los premios por ahorro.

Finalmente, el informe de Contraloría del 13 de mayo sólo considera procedentes los mayores costos generales y el pago por obras no canceladas, por valores de $ 129 millones y $ 2,1 millones. El total a pagar, de acuerdo al órgano fiscalizador, alcanzaría así los $ 131 millones.

Resultados distintos
Según especialistas, la principal diferencia entre los informes técnicos realizados con motivo del caso Kodama radica en que mientras el Dictuc y el Serviu consideran todos los cobros adicionales en que habría incurrido la empresa, tanto Idiem como Contraloría se remiten sólo a aquellos costos susceptibles de ser reembolsados según lo establecido en los contratos.

"El estudio del Dictuc no considera un tema básico y es que en este caso, como en la mayoría de las obras, en los convenios adicionales con el Serviu para extender los plazos, la empresa Kodama renunció expresamente a percibir mayores gastos generales. Me parece difícil de entender por qué se imputaron esos montos, siendo tan obvio que no debiese hacerse y así se dejó establecido por escrito en los convenios", dice el ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán (ver entrevista). Agrega que "en cambio, Idiem y Contraloría hacen estricta consideración de los contratos, siendo esta última más restrictiva en la interpretación de reglamentos".

Coincide el presidente de la Especialidad Civil del Colegio de Ingenieros, Jorge Rivas, señalando que "el Idiem aplica estrictamente los procedimientos de reclamo establecidos en el marco contractual  y los plazos de los mismos a que estaba obligado el contratista, declarando así en su informe que el contratista renunciaba al derecho a ser indemnizado por los mayores costos reclamados".

Añade que el estudio de Contraloría "sigue la misma línea del Idiem y es aún más estricto, declarando improcedentes de acuerdo a contrato y jurisprudencia la mayor parte de los mayores costos, y reconociendo sólo 122 días de mayores gastos generales".

El director de Proyectos del Dictuc, Alejandro Barrientos, se defiende señalando que "nuestros estudios, de mayores plazos y costos, identifican costos reales incurridos por los mayores plazos de ejecución de la obra. El informe de la Contraloría analiza administrativamente la aplicación de la normativa del Decreto 236 a los mayores costos calculados en un informe de elaboración interna del Serviu".

Agrega que "por lo mismo, el análisis Dictuc no ha sido puesto en duda, ni objetado por el informe de Contraloría. Hasta donde tenemos entendido, todos los actores han reconocido que en la ejecución del proyecto PAC hubo mayores plazos y costos".

Eduardo Sanhueza, subdirector del Idiem, señala que las diferencias entre sus resultados y los de Contraloría se explican porque "en nuestro caso estimamos un monto máximo a pagar por parte del Serviu, el cual debía estudiarse de manera definitiva a través de un peritaje formal. La Contraloría disponía de más antecedentes y tenía conocimientos del contrato desde el inicio del proyecto".

Para el vicepresidente del Comité de Obras de Infraestructura Pública de la CChC, Carlos Zeppelin, el caso Kodama pone de manifiesto la necesidad de introducir mejoras al sistema de licitaciones públicas.

"Existe una excesiva discrecionalidad  y en ocasiones las licitaciones no son adjudicadas a la mejor oferta, sino que a quienes  acreditan mayor capital social, que es el que consta en las escrituras públicas y que no es reflejo del patrimonio". Comenta que, "por ejemplo, en el caso de las licitaciones del año 2006 para el Transantiago, fueron adjudicadas tres licitaciones a la mejor oferta, dos a la segunda mejor oferta y una a la tercera mejor oferta, justamente el caso de Kodama".