En el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago se llevó a cabo esta mañana la audiencia de comunicación respecto a la decisión del Ministerio Público de no perseverar sobre imputados que no fueron formalizados en el marco del caso La Polar.
La Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, encabezada por el fiscal José Morales, decidió no proseguir con la investigación respecto de 22 personas naturales (entre ex directores y ex ejecutivos de la multitienda) y dos personas jurídicas (La Polar e Inversiones SCG).
En el primer grupo se encuentran Luis Alejandro Joignant (PwC), Heriberto Urzúa, Andrés Ibáñez, René Cortázar, María Gracia Cariola, Manuel Gana, Baltazar Sánchez y Raúl Sotomayor, entre otros.
En la audiencia ninguno de los representantes tanto de las defensas como los querellantes se opuso a la medida.
El fiscal José Morales explicó que la decisión se tomó dado que no existe suficiente nivel de certeza respecto de que los imputados conocían los procesos al interior de la empresa, como sí la hay sobre lo nueve ex ejecutivos que fueron acusados recientemente.
Tras dos años de investigación el Ministerio Público cerró en diciembre la fase indagatoria del caso y presentó ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago la acusación contra los imputados.
La Fiscalía acusó al ex presidente y ex gerente general La Polar, Pablo Alcalde; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno y a la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah, de Lavado de Activos e infracciones a Ley de Mercado de Valores y Ley General de Bancos.
Específicamente, la Fiscalía pidió para Alcalde 14 años de cárcel, mientras que para Moreno y Farah se solicitaron penas de 12 años. También pidió el decomiso del dinero que los tres ex ejecutivos ganaron en bonos y remuneraciones mientras se desempeñaron en La Polar.
El Ministerio Público acusó además al ex gerente general de La Polar, Nicolás Ramírez de faltas a la Ley de Mercado de Valores y la Ley General de Bancos, y a los ex ejecutivos de la compañía de retail Santiago Grage, Martín González, Pablo Fuenzalida, Ismael Tapia y Marta Bahamondes de infracciones a la Ley de Mercado de Valores.
Para Ramírez solicitó una pena de 9 años, y para el resto al menos 3 años de cárcel.
Luego que la Fiscalía cerrara la investigación las defensas de Alcalde, Moreno y Farah solicitaron reabrir la fase indagatoria lo que será analizado por el Segundo Juzgado de Garantía en una audiencia que se realizará el próximo 27 de enero.