Tras dos años de investigación el Ministerio Público cerró la semana pasada la fase indagatoria y presentó este lunes ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago la acusación contra los imputados en el caso La Polar.  

La Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, que encabeza el fiscal José Morales, acusó al ex presidente y ex gerente general La Polar, Pablo Alcalde; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno y a la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah, de infracciones a Ley de Mercado de Valores y Ley General de Bancos.

Sin embargo, el cargo más grave del que están acusados es el de lavado de activos.

Específicamente, la Fiscalía pidió para Alcalde 14 años de cárcel, mientras que para Moreno y Farah se solicitaron penas de 12 años.

"Lo que hicieron estas personas desde el año 2006, fue disimular en los estados financieros ganancias que nunca obtuvieron (...) ciertos deudores que eran incobrables, los hacían aparecer como activos que eran cobrables. Eso significó falsear los estados de la empresa por alrededor de US$1.000 millones. Además, ellos obtuvieron ganancias durante estos años", señaló el fiscal Morales.

Asimismo, el Ministerio Público requirió el decomiso del dinero que los ex ejecutivos ganaron en bonos y remuneraciones mientras se desempeñaron en La Polar; cifra que en el caso de Alcalde, Farah y Moreno alcanza a unos $3 mil millones cada uno.

"El lavado de activos dice relación con que las ganancias de estas personas las invirtieron y además las ocultaron en un períodos coetáneos a cuando explota el escándalo", explicó.

Además, la Fiscalía acusó al ex gerente general de La Polar, Nicolás Ramírez de faltas a la Ley de Mercado de Valores y la Ley General de Bancos, y a los ex ejecutivos de la compañía de retail Santiago Grage, Martín González, Pablo Fuenzalida, Ismael Tapia y Marta Bahamondes de infracciones a la Ley de Mercado de Valores.

Para Ramírez solicitó una pena de 9 años, y para el resto al menos 3 años de cárcel.

REAPERTURA

Los abogados de algunos de los imputados adelantaron que pedirán la reapertura de la investigación por considerar que aún hay diligencias pendientes.

Los defensores tienen plazo hasta el 26 de diciembre para llevar a cabo esta solicitud.

Al respecto el fiscal Morales señaló que "nosotros creemos que hemos agotado las diligencias. Llevamos dos años de diligencias y creemos que no hay diligencias pendientes que tiendan a esclarecer más los hechos".

Tras la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, se deberá fijar la fecha de audiencia para la materialización del juicio oral.

Al respecto el fiscal Morales dijo que los plazos legales podrían apuntar a alrededor de seis meses, pero advirtió que es relativo de acuerdo a los hechos que pudieran suceder en adelante.

El caso La Polar estalló luego que se detectaran irregularidades en el manejo del negocio crediticio del retailer, con masivas repactaciones unilaterales de clientes y que derivó en un hecho esencial enviado el 9 de junio de 2011 por la firma a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) donde se reconocieron prácticas crediticias "no autorizadas por el directorio".