El primer ataque explosivo se registró a las 22.54 horas del 31 de octubre de 2015, en los dormitorios de la Cuarta Comisaría de El Salvador, en la Tercera Región. El segundo, seis horas después, pero en la casa de Raimundo Espinoza, representante de los trabajadores en el directorio de Codelco.

Ambos atentados fueron investigados por el Ministerio Público en Diego de Almagro y hoy los detalles de esa indagatoria están en manos de la Fiscalía Metropolitana Sur.

Y es que el equipo encabezado por el fiscal Claudio Orellana realiza diversas diligencias para esclarecer los motivos que llevaron a enviar el artefacto explosivo que el 13 de enero pasado detonó en la casa del presidente del directorio de la cuprífera, Oscar Landerretche.

Si bien el ataque se lo adjudicó un grupo ecoterrorista, con el transcurso de los días el persecutor fue informado de la indagatoria realizada en la Región de Atacama, razón por la cual pidió copia de la carpeta.

En ella están consignadas las diligencias encargadas por el fiscal Julio Artigas a Carabineros.

Una de ellas fue la declaración de Raimundo Espinoza, quien señaló que "dormía en su domicilio de Diego de Almagro cuando sintió un fuerte estruendo y salió a mirar", pero no había nadie.

"Posteriormente, a las 7 de la mañana, salió de su casa y debajo de su auto encontró una botella de agua mineral de dos litros que mantenía restos de un líquido desconocido y papel aluminio", dijo a la policía.

Tras diversos peritajes, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) estableció que ambos atentados fueron perpetrados con botellas plásticas rellenas con ácido muriático y bolas de papel de aluminio que hicieron reacción química y explotaron.

Aunque no se encontraron panfletos ni rayados, el fiscal Artigas solicitó la interceptación de teléfonos de cuatro dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre cercanos al Partido Comunista. Ello, luego de que un testigo con identidad reservada entregara información que los vinculaba a los hechos.

"Los antecedentes vinculan a los dirigentes de un grupo radicalizado en el contexto de conflictos sindicales en El Salvador y a la existencia previa de otros hechos de violencia. Además, amedrentan a testigos a declarar respecto de información que conocen, y por la gravedad de la pena de presidio mayor como sanción a la detonación de este tipo de artefactos, resulta indispensable la realización de esta diligencia", señaló el persecutor al solicitar la interceptación de los teléfonos de los sindicalistas, cuestión que fue rechazada por el Juzgado de Garantía.

Pese a que el Ministerio Público decidió no perseverar en la causa, la información está siendo analizada por la Fiscalía Metropolitana Sur, la que declinó referirse al tema.