Caso Luchsinger: Suprema ordena reabrir causa por presunto apremio a imputado
Máximo tribunal pidió que continuara la investigación por la forma en que se logró declaración clave.
La Corte Suprema ordenó reabrir la investigación por presuntos apremios ilegítimos de parte de la PDI contra José Peralino, uno de los 11 imputados en el caso Luchsinger Mackay. Su testimonio fue clave en la causa, pues permitió formalizar a los otros diez comuneros. No obstante, Peralino acusó que su declaración habría sido obtenida bajo apremios, lo que motivó una querella contra la policía civil.
La Corte de Apelaciones de Temuco había dictado anteriormente el sobreseimiento definitivo de esta indagatoria. Sin embargo, tras un recurso de queja presentado por el abogado de Peralino, la Segunda Sala de la Corte Suprema decidió de forma unánime que la investigación debe continuar. La sentencia del máximo tribunal señala que "no resultaba procedente decretar el sobreseimiento definitivo (...), ya que el avance de la pesquisa es insuficiente para justificar esta clase de resolución".
El fallo de la Suprema asegura que entre las pesquisas pendientes se encontraba un examen del Servicio Médico Legal, cuyo objetivo era determinar la credibilidad del relato de Peralino.
El abogado del comunero, Pablo Villar, señaló que solicitarán que un fiscal distinto al que investiga el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay se encargue de la indagatoria por el presunto apremio ilegítimo.
"Vamos a pedir que investigue un persecutor de otra zona, porque el fiscal que está ahora indagando pertenece al mismo equipo de alta complejidad que persigue a este joven", señaló el abogado.
Además, aseguró que esperan que "se realicen las diligencias pendientes y que se ratifique la pericia que ya realizamos (de forma particular), que acredita la existencia de tortura".
Peralino se encuentra acusado en la investigación por el caso Luchsinger Mackay, en que el Ministerio Público tiene como imputados a un total de 11 personas por el crimen del matrimonio, ocurrido en enero de 2013. Para él la fiscalía pide 10 años de presidio, pues le reconoció colaboración sustancial en la investigación.
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