Esta semana, la ministra a cargo del caso MOP-Gate dictó acusaciones por fraude al Fisco y estafa contra 31 personas, entre ellas un ex ministro de Obras Públicas y ex altos funcionarios de esa cartera. Así, termina la investigación del cuaderno principal de una de las causas más importantes y de mayor impacto de los últimos tiempos. Ahora corresponde que las partes involucradas hagan sus presentaciones finales, para que luego la jueza emita su fallo definitivo. 

Diversas razones convirtieron a este proceso en un hito para nuestra sociedad y sus instituciones públicas, por los efectos políticos que generó  y las múltiples reformas que se han efectuado para subsanar las falencias reveladas durante su tramitación. 

Además de la conmoción política que suscitaron algunas de sus etapas -como cuando se planteó la posibilidad de interrogar al entonces Presidente de la República y se indagó la tesis de que recursos fiscales hubieran financiado campañas electorales-, el caso también instaló con fuerza el debate sobre lo ético y lo legal en el ámbito público, y puso en la agenda los estándares de probidad y eficiencia exigibles en la administración del Estado. 

La ministra logró establecer que se creó un sistema para abultar el precio de consultorías para obtener fondos que permitieran pagar sobresueldos y otros gastos del Ministerio de Obras Públicas. El descubrimiento de lo que la jueza denominó "ardid" desnudó una forma de administración donde algunas autoridades aplicaron el criterio de que el fin justifica los medios: el objetivo era gestionar importantes proyectos de infraestructura para el desarrollo del país -y por lo tanto de alto valor político-, pero se emplearon vías ilegales que distraían fondos fiscales en fines diferentes a los autorizados, abriendo paso a la comisión de graves actos de corrupción en la administración estatal. 

Desde el punto de vista institucional, MOP-Gate también supuso una innovación importante en la manera en que el Poder Judicial ejerce su independencia, alejándolo de la muy criticada condescendencia hacia los gobiernos de turno.

Gracias a la firme voluntad de la ministra a cargo del caso, y no obstante los esfuerzos por neutralizar los avances de su investigación provenientes de algunas autoridades del Ejecutivo e incluso también desde altos niveles del Poder Judicial, la causa pudo progresar, con los resultados que hoy aprecia la opinión pública. Exigido por un caso complejo y de amplias repercusiones, el sistema logró llegar al fondo de las conductas investigadas y así dar prueba de solidez institucional, confirmando que a veces, más que grandes reformas y cambios legales, lo que se necesita de parte de las autoridades es una férrea determinación para ejercer sus facultades.

Las ramificaciones del caso impulsaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo a promover la aprobación de leyes que hicieron de la transparencia y la probidad requisitos para la función pública. Se firmó un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para reformar el aparato público del que surgió la Agenda de Modernización del Estado. En este mismo espíritu se puede entender la Agenda de Probidad y Transparencia, cuyo logro más visible es la entrada en vigencia, mañana, de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Aunque estas reformas significan avances, no proveen soluciones definitivas. Las irregularidades en Chiledeportes, el Registro Civil o el hecho de que, según reveló el jueves el fiscal nacional, las causas por delitos de corrupción crecieron en 50% en 2008 respecto de 2007, muestran que hay mucho trabajo por hacer.

Una de las tareas pendientes es que los delitos contra la probidad enfrenten sanciones penales más severas. Así, se podría ayudar a reducir la percepción de impunidad en esta materia, uno de los principales incentivos para cometer actos de corrupción en la administración pública.