Las tres semanas de preparación de juicio oral del caso Moyano, que encabezó el juez Patricio Alvarez, quedaron anuladas, tras la inhabilitación del magistrado.
Desde agosto del año pasado, estaba paralizada la audiencia donde se discutían las pruebas en contra de los imputados, Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla y Juan Aliste Vega, acusados por su presunta responsabilidad en el asalto al banco Security y posterior homicidio en contra del cabo de Carabineros Luis Moyano, ocurrido en octubre de 2007.
La causa, que investiga la Fiscalía Centro Norte, se encontraba suspendida por la recusación planteada contra el juez Alvarez, quien fue inhabilitado por la Corte de Apelaciones de Santiago a solicitud de la parte querellante, al considerar que el juez había dado aplicación inconstitucional a unas de las normas que usó como fundamento para fundamentar la exclusión de algunas pruebas.
Esta inhabilitación llevó al magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía Diego Muñoz Pacheco, a dejar sin efecto la audiencia de preparación que encabezó Alvarez y fijó para el 24 de abril una nueva audiencia, que comenzará de cero y con un nuevo magistrado.
Esta determinación deja sin efecto todo lo obrado con anterioridad por el magistrado Alvarez, quien excluyó, pruebas que la parte persecutora consideraba determinante en el caso, entre ellas una testigo que reconocería a los imputados huyendo del lugar, y fotografías del momento de la muerte del Cabo Moyano, entre otras, según explicitó la Fiscalía Centro Norte.
Para el abogado defensor de Freddy Fiuentevilla, Pablo Sanzana, la audiencia debería retomarse desde donde iba, y entrar a la posible exclusión de las pruebas de la defensa.
Según Sanzana, "en base a las exclusiones que nosotros pedimos, estimamos que deberían volver a excluir las pruebas que ya se excluyeron, toda vez que, las infracciones de garantía eran totalmente groseras e impertinentes".
La defensa de los imputados evalúa interponer un recurso de reposición de la resolución del Tribunal, para que reconside retomar la preparación del juicio, a partir de las tres semanas en la que se discutieron las pruebas del Ministerio Público.
