Para la mañana de este martes estaba previsto que se iniciaran, en la Segunda Sala de la Corte Suprema, los alegatos por el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Mauricio Ortega, condenado por el femicidio frustrado de Nabila Rifo.
Pese a esto, la audiencia fue suspendida luego de que los abogados de Ortega solicitaran que el juez Jaime Rodríguez se inhabilitara. De esta forma, la diligencia deberá ser reprogramada, quedando, probablemente, para la próxima semana.
RECURSO DE NULIDAD
El recurso fue ingresado el 16 de mayo, indicando como causal principal, que la sentencia se dictó "infringiendo sustancialmente los derechos o garantías asegurados por la Constitución".
Además, los abogados de Ortega plantean presuntas infracciones al debido proceso, lo que los atribuyen a una supuesta ilegalidad del procedimiento policial que se realizó al inicio de la causa, el cual incluyó una toma de declaraciones de Ortega.
Estos argumentos con desechados por la Fiscalía. En el momento en que se discutía sobre la admisibilidad del recurso, el representante del Ministerio Público, el fiscal nacional (s) Pablo Gómez, señaló que si la defensa del hombre condenado a más de 26 años de cárcel observó vicios en la diligencia policial, debió advertirse en una etapa oportuna, no una vez que ya se ha obtenido una sentencia.
A pesar de que la defensa habría dicho que no tuvo acceso a los antecedentes de dicha diligencia hasta el contraexamen de un testigo y en los alegatos de clausura, y que incluso se enteraron de los tratos irregulares que habría tenido el funcionario policial que la encabezó en la misma audiencia de juicio oral, el Ministerio Público lo rechaza.
Según indicó el persecutor en el documento ingresado a la Corte, la mencionada información estaba contenida en la carpeta investigativa del caso, donde quedaron los registros sobre cómo se realizó el procedimiento que incluyó una toma de declaraciones a Ortega. En un informe policial se habría hecho una relación de la diligencia, la hora de toma de declaración, detalles de la misma y del funcionario a cargo.
Incluso, Gómez argumenta con que los mismos defensores pidieron, en su momento, que se tomara declaración a los funcionarios que tuvieron contacto y revisaron al imputado.
Esta falta del oportuno reclamo por parte de la defensa, quedaría demostrada, además, en que durante el juicio oral no pidieron la exclusión de pruebas por los motivos que ahora aduce, "a pesar de que las condiciones y circunstancias en que se le tomó declaración al Sr. Ortega estuvieron siempre en condiciones de ser conocidas con una mera lectura de los registros de la capeta".
"La exigencia de preparación que se denuncia incumplida impone precisamente el ejercicio oportuno del reclamo por los actos supuestamente viciados, evitando que aquellos se hagan valer en etapas posteriores, según la conveniencia de quien se considere afectado", subrayó el persecutor.
