Dos años investigó la Fiscalía Oriente los delitos tributarios que habría cometido la familia Ossandón Larraín en la reorganización de su patrimonio familiar, luego que en diciembre de 2014 el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querellara acusando el no pago de impuestos por más de $ 642 mil millones. Sin embargo, ayer el Ministerio Público tomó la decisión de no perseverar en la causa en un eventual juicio oral.
En contraste, el Servicio decidiría forzar un juicio, más aún considerando que el perjuicio fiscal estimado equivale a la mitad de todas las causas tributarias actualmente en trámite penal.
Cerca de la medianoche la Fiscalía formalizó su decisión de no perseverar en el caso.
El plazo era clave, porque luego que se decretara el cierre de la investigación el 29 de mayo, el fiscal a cargo de la causa, Roberto Sahr, tenía hasta el 8 de junio para efectuar una acusación.
La querella presentada por Impuestos Internos apuntó al delito de "declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad", entre 2008 y 2010, y está dirigida contra Guillermo Ossandón Valdés y María Soledad Larraín y sus hijos Bernardo, Gabriel y María Teresa.
La acción legal ingresó el 22 de diciembre de 2014, último día antes que el presunto delito prescribiera. Manuel Ossandón, quien inició el caso al denunciarlo al SII, no aparece en la querella ni ha sido formalizado.
De acuerdo con el SII, la reorganización de la sociedad Lomas de La Dehesa II -donde se concentraban los activos inmobiliarios- de los Ossandón Larraín había evadido el pago de $ 62 mil millones en impuestos, al subvalorizar el patrimonio de la sociedad.
Además, se detectó un segundo perjuicio fiscal de $ 480 mil millones por un traspaso que hizo la sociedad Real State -del mismo grupo- a una fundación de interés privado en Panamá. Y otros $ 100 mil millones por saldos de precios de pagarés que no fueron cancelados.
"Se desinfló"
Sin embargo, fue un informe de la Universidad Católica de Valparaíso (UCV), encargado por la Fiscalía, que analizó la sociedad Lomas de La Dehesa II, el que habría "desinflado" el caso, revelan altas fuentes de la indagatoria.
El resultado del informe se leyó en una audiencia del 28 de marzo.
En la oportunidad, el fiscal Pablo Norambuena, parte del equipo investigador y quien reemplazó momentáneamente a José Antonio Villalobos luego de emigrar de la Fiscalía, dijo que el resultado al que llegó la universidad fue que Lomas de La Dehesa II estaba valorizada con una "tasa hipotecaria, promediando intersecciones, en $ 40.045 millones, con lo que la familia debería en impuestos un total de $ 7.793 millones".
El segundo monto al que llegó la UCV fue con una tasa denominada como de libre riesgo, con una valorización de $ 15.285 millones y un perjuicio fiscal de $ 2.953 millones, casi 20 veces menos que lo estimado por el SII, quien dijo que Lomas de La Dehesa se valorizaba en $ 317.811 millones, lo que llevó a la entidad a solicitar una liquidación de impuestos sobre los $ 62 mil millones.
Con ese informe independiente, sumado a los casos civiles que ha perdido Manuel Ossandón contra su hermano Bernardo, y que ha declarado, entre otras cosas, que la reorganización familiar fue legal, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que no tenía pruebas contundentes para enfrentarse a un juicio oral.
A pesar de ello, y al ser un caso tributario, el SII puede forzar un juicio oral, incluso sin el patrocinio de la Fiscalía. Esa opción, según altas fuentes del Servicio, es la que tomaría fuerza principalmente por lo convencido que están de sus pruebas.
