Una significativa diferencia respecto de los impuestos que adeudaría la sociedad Lomas de La Dehesa, de la familia Ossandón Larraín, reveló ayer el fiscal de alta complejidad de la zona Oriente, Pablo Norambuena. Esto durante una audiencia del denominado caso Ossandón, en el que se investigan eventuales delitos tributarios en el proceso de reorganización del patrimonio de dicha familia.

Originalmente, la querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra el grupo en 2015 fijó en $ 317.811 millones el patrimonio de Lomas de La Dehesa, lo que llevó a la entidad a solicitar una liquidación de impuestos sobre los $ 62 mil millones.

Sin embargo, un peritaje de la Fiscalía encargado a la Universidad Católica de Valparaíso (UCV) determinó dos nuevas valorizaciones para la sociedad, donde se concentraba el patrimonio inmobiliario que la familia tiene en La Dehesa.

El primero lo determinó con una tasa hipotecaria promediando intersecciones y lo fijó en $ 40.045 millones, con lo que la familia debería en impuestos un total de $ 7.793 millones.

El segundo monto al que se llegó, con una tasa denominada como de libre riesgo, fue de una valorización de$ 15.285 millones y un perjuicio fiscal de $ 2.953 millones, casi 20 veces menos que lo estimado por el SII.

Según explicó ayer el fiscal Norambuena, en la audiencia de reformalización de la familia, donde informó de los nuevos montos a los que arribó el peritaje, ahora son tres los valores que tiene en carpeta el Ministerio Público como perjuicio fiscal. "Estamos trabajando con supuestos de un daño de $ 2.953 millones, $ 7.793 millones o $ 62 mil millones", aclaró el persecutor.

Esto a tres días que termine el plazo de investigación.

Otros delitos

Sin embargo, además del supuesto delito en Lomas de La Dehesa, la Fiscalía también investiga un perjuicio fiscal de $ 480 mil millones por un traspaso que hizo la sociedad Real State -del mismo grupo- a una fundación de interés privado en Panamá, además de $ 100 mil millones por saldos de precios de pagarés que no fueron cancelados. "La Fiscalía no puede manifestar una decisión hasta que no se agote la investigación", dijo el persecutor al salir de la audiencia.

"Esperamos que la Fiscalía revise los antecedentes y tome la decisión que corresponde, que es declarar que no tiene antecedentes suficientes para presentar una acusación y debe comunicar la decisión de no perseverar", comentó el abogado de la familia, Julián López.

Por su parte, el abogado Paulo Montt, representante de las demandas civiles de Manuel Ossandón, quien inició la causa con una denuncia al SII y mantiene una disputa en tribunales civiles con su familia, dijo que "esto no es una reorganización tributaria ni patrimonial, por algo hay querella, y Manuel nunca fue informado, es más, se le ocultaron todos los actos".