Las defensas de Pablo Wagner, Carlos Délano, Carlos Lavín, Marcos Castro, Hugo Bravo e Iván Alvarez presentaron las apelaciones respecto a las prisiones preventivas de los imputados por el caso Penta.

El día sábado el juez del Octavo Juzgado de Garantía decidió las medidas cautelares, por lo que desde esa jornada se encuentra detenidos en el anexo Capitán Yáber.

Hoy ingresaron al sistema de la Corte de Apelaciones los requerimientos, y al término de los cinco días hábiles como plazo, el tribunal puede revisar las solicitudes.

PABLO WAGNER

La defensa del ex subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera solicitó a la Corte de Apelaciones revocar la prisión preventiva y decretar arresto domiciliario total.

Los abogados argumentan que la explicación del juez del Octavo Juzgado de Garantía fue "liviana". En cuanto al delito de cohecho, indican que "este requiere en todo caso que el funcionario reciba un beneficio económico para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos".

En cuanto al delito de lavado de activos, la defensa de Wagner sostiene que "si son las boletas, entonces en realidad son constitutivas del delito del inc. 5º del art. 97 Nº 4 del C.T. Evidencia de aquello es que la modalidad no es propuesta por nuestro representado, sino que ideado y exigido por el imputado Bravo, quien idea y exige esta forma de realización a nuestro representado y determina las sociedades a las cuales hay que emitir las boletas".

Respecto a los delitos tributarios: "A mí representado se le imputa solamente un delito de obtención fraudulenta de devoluciones, que es el correspondiente al periodo 2013 (año comercial 2012), por un monto de $1.296.053.-, me permito nuevamente su señoría Iltma. atraer su atención al monto antes señalado. No nos encontramos aquí frente a una suma de enorme entidad y ese monto, así como el hecho que corresponda solo a un período tributario tiene relevancia, como se explicará más adelante".

Además, en cuanto a las atenuantes, los abogados indican que Wagner tiene una "irreprochable concucta anterior" y hubbo "colaboración sustancial en la investigación".

IVAN ALVAREZ

Se pide revocar la prisión preventiva y reemplazarla por arresto domiciliario total.

Argumenta su defensa que "encuanto a la necesidad de cautela, la resolución resuelve la petición de medidas cautelares con los criterios, prácticas y estándars del antiguo sistema procesal penal".

HUGO BRAVO

"Hacemos presente, que los únicos intervinientes que tenían legitimación activa en el ejercicio de la acción penal de los delitos tributarios, y por tanto, de los tipos que eventualmente podrían llegar a tener en concreto, pena efectiva de una mayor cuantía, estimaron desproporcionada la media cautelar de prisión preventiva para mi representado u propusieron la medida de arresto domiciliario total".

La defensa de Bravo además esgrime que querellantes como el PS, la fundación Ciudadano Inteligente, Vidriería Argentina, no realizaron peticiones respecto a Bravo, a pesar de que no tienen legitimación activa para realizar estas solicitudes.

MARCOS CASTRO

"Asimismo la necesidad de cautela exigida por la ley para la procedencia de la prisión preventiva no se aprecia. Esto muy especialmente en el caso de mi defendido; toda vez que para fundamentar que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad el juez a quo simplemente extrapoló  los mismos razonamientos utilizados para justificar la prisión preventiva respecto de Hugo Bravo en circunstancias que mi representado no fue formalizado por el delito de obtención fraudulenta de devoluciones indebidas", indica la apelación.

CARLOS DELANO Y CARLOS LAVIN

La defensa de los ex controladores del grupo Penta, solicita a la Corte que se decrete las medidas cautelaes de arraigo y firma mensual. o en su defecto, el arresto domiciliario parcial o total.

En cuanto al delito de cohecho, por el cual fueron formalizados los dos, se indica que "hay una falta de fundamentación" y que además en la resolución del juez, se habla de "3 ilícitos reiterados de soborno, pero sin especificar cuáles serían estos".

"En lo que se refiere a los ilícitos tributarios en donde controvertimos la participación criminal de nuestros representados, la resolución vuelve a declarar que se dan los presupuestos del artículo 99, pero sin agregar nada al mero tenor literal de la ley", agrega la apelación.

Respecto a la prisión preventiva por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, los abogados sostienen que "nuestros representados son hombres de edad avanzada (67 y 72 años respectivamente), ambos casados, con hijos y nietos. Han tenido una exitosa y extensa trayectoria laboral, durante la cual nunca dejaron de lado el plano social. Jamás han tenido problemas con la justicia: no tienen anotaciones en sus extractos de filiación y antecedentes y no tienen procesos pendientes. Durante la audiencia y el desarrollo de la investigación se han acompañado una gran cantidad de antecedentes probatorios que dan cuenta de su compromiso social, tanto en el ámbito empresarial como asistencial. La verdad es que resulta impensable que su libertad constituya un peligro para la seguridad de la sociedad".