Por 22 votos a favor y siete en contra, los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago acogieron la solicitud de la fiscalía de desaforar al senador de la UDI Iván Moreira, en el marco del caso Penta.

El parlamentario se encuentra formalizado desde junio de 2015 por facilitar la emisión de boletas de honorarios ideológicamente falsas -por un total de $ 38 millones- al holding de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Los documentos fueron extendidos, a solicitud del legislador, por un grupo de asesores cercanos -chofer, secretaria- y su pareja, con el objetivo de obtener recursos para financiar su campaña senatorial de 2013.

Según consta en la carpeta investigativa de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, las boletas se pagaron por servicios que nunca se prestaron. Por estos delitos -consagrados en el artículo 97 número 4, inciso final del Código Tributario-, el Ministerio Público pidió contra Moreira una pena de tres años, además de una multa de $ 22,5 millones.

Tras el fallo del tribunal de alzada -que debe ser ratificado por la Corte Suprema-, la UDI insistió en acusar un "trato desigual" y una "persecución ideológica" en materia judicial.

"Con el desafuero del senador Iván Moreira se confirma que en Chile está imperando un trato desigual e inaceptable frente a situaciones similares, según sean las ideas políticas de las personas afectadas por investigaciones del Ministerio Público", se afirmó en una declaración pública firmada por la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.

"Cualquier persona que mire con objetividad estos hechos se da cuenta de que en Chile se está midiendo a opositores y gobiernistas con distintas varas. Cuando los hechos afectan a los personeros cercanos al gobierno y a la Nueva Mayoría se mira para el lado y no se investiga con la misma rigurosidad y celo", se agregó.

La presidenta gremialista agregó que "Chile no se puede acostumbrar a que se utilice el aparato del Estado para perseguir a algunos por razones ideológicas y políticas, como ocurre en otros países, en donde se persigue a los opositores y se otorga manga ancha a los partidarios y amigos del gobierno".

En tanto, el abogado de Moreira, Gabriel Zaliasnik, señaló que recurrirán a la Corte Suprema buscando revertir el fallo del tribunal de alzada. Agregó que "el senador no incurrió en las conductas penales que se le reprochan" y que "otra cosa es el juicio de valor que se puede hacer de la obtención de financiamiento indebido en una campaña electoral".

En este sentido, el propio senador de la UDI argumentó que "para que haya un delito tributario, la personas se tiene que concertar con otra para recibir un beneficio tributario. Y yo no he recibido ningún beneficio tributario, yo pedí ayuda a gente de derecha para que me ayudara en mi campaña, en un periodo establecido".

Moreira agregó que el de este miércoles era un fallo de primera instancia y que mientras no resuelva la Corte Suprema no se encuentra desaforado.

"Este es un proceso de investigación, aquí no hay ningún fallo, la gente piensa que uno está desaforado, está fuera del Congreso, eso no es así (...). Este es un tema que dentro de los próximos 60 días tiene que resolverlo la Corte Suprema", insistió al abordar la resolución del tribunal de alzada.