La Defensora Nacional Penal Pública, Paula Vial, calificó este viernes de "sorprendente" la negativa del Ministerio Público para que el fiscal de la zona Oriente Patricio Caroca declare en calidad de testigo en el juicio que se lleva en contra de María del Pilar Pérez y del presunto sicario José Ruz Rodríguez, por tres crímenes que se les imputa haber cometido en la comuna de Providencia.

Vial aseguró que "en este caso en particular es bastante sorprendente la actividad del Ministerio Público, por un lado porque pretendieron a través de la intervención en la ultima audiencia del fiscal, que éste tuviera ese carácter, en circunstancias que no había actuado como investigador en esta causa en particular".

Agregó que "ellos (la fiscalía) también en otras ocasiones lo han logrado y han intentado presentar a fiscales o asistentes de fiscales como testigos" en procesos judiciales.

Más temprano, la Asociación Nacional de Fiscales pidió a la Corte de Apelaciones de Santiago que acoja la queja disciplinaria contra el juez Daniel Aravena .

La presentación fue realizada por la presidenta del organismo, Patricia Muñoz, quien respaldó el requerimiento realizado ante el Tribunal Constitucional por el jefe de la fiscalía Oriente, Xavier Armendáriz, quien argumenta la incompatibilidad en que uno de los investigadores del caso declare en la indagatoria de la que es parte.

El tema inquieta a los fiscales y según Muñoz, "a nosotros nos preocupa la protección del sistema procesal penal en que cada uno de los intervinientes tienen roles constitucionales establecidos . El rol de los fiscales es recabar pruebas para ir a juicio no ser constituidos en prueba. Esto podría llegar al absurdo de que yo como fiscal decidiera sentarme en un estrado ante el juez a contarle la historia de la causa, en vez de que sean los testigos presenciales de los hechos quienes lo hagan".

Si bien se esperaba la realización del juicio contra la mujer para el mes de enero, con la presentación del recurso lo más probable es que quede programado para marzo o abril. Ayer, debía culminar la fase preparatoria, pero el TC resolvió suspender las audiencias hasta nuevo aviso.

Por los crímenes de Francisco Zamorano, su pareja homosexual Héctor Arévalo, y del economista Diego SchmidtHebbel (25) el Ministerio Público está solicitando una pena de 83 años de cárcel para la mujer imputada, mientras que para el presunto sicario, el ente persecutor pidió 80 años de presidio.