Un debate en torno a la inhabilidad para ejercer cargos públicos que se impone a las autoridades destituidas por el Congreso se abrió ayer, luego que Reportajes divulgara que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició el estudio de admisibilidad de la demanda presentada por la ex ministra de Educación Yasna Provoste en contra del Estado de Chile, tras su destitución del cargo en 2008.

El organismo vinculado a la OEA solicitó al gobierno de Michelle Bachelet pronunciarse sobre esta denuncia antes del 10 de enero próximo.

En la demanda, Provoste -quien hoy es diputada por Vallenar- pidió al organismo internacional, entre otras cosas, que se elimine de la Constitución chilena la sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos en este tipo de juicios políticos.

Si bien en La Moneda aseguran que el tema aún no ha sido discutido por Bachelet y su gabinete, lo cierto es que la notificación del CIDH pone en una encrucijada a la Presidenta quien tendrá que ejercer como contraparte de su ex ministra, a quien respaldó férreamente antes y después de la acusación constitucional.

Sin embargo, independiente de la decisión que tome La Moneda, personeros de la Nueva Mayoría se manifestaron a favor de modificar esa norma de la Constitución, mientras que en la Alianza la defendieron.

El senador DC Jorge Pizarro dijo que espera que "el gobierno, ante esta situación, patrocine la reforma constitucional que presentamos para modificar la inhabilidad de cinco años. Esa es la salida más lógica".

Pizarro se refería al proyecto que presentó junto a otros parlamentarios y que se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. La iniciativa se suma a una moción presentada en 2008 por Pizarro y el entonces senador PS Ricardo Nuñez, que también buscaba sustituir la inhabilidad de desempeñar cargos públicos por cinco años, por la sanción de "no poder ejercer funciones en ningún otro ministerio, ni en cualquier cargo de confianza del Presidente de la República, durante el período presidencial en que fue destituido".

A favor de eliminar esta sanción también se manifestó ayer el presidente del PS, Osvaldo Andrade. "Despersonalizando el tema, porque esto podría ser perfectamente posible también para Harald Beyer (quien también fue destituido por el Congreso), me parece que la sanción de inhabilidad por cinco años para ejercer un cargo público producto de un juicio político, como son estos casos, es una exageración".

Por el contrario, en la Alianza argumentan que al eliminar la normativa, la destitución de autoridades pierde relevancia.

"Si nosotros le bajamos la gravedad a la destitución la vamos a utilizar como un mecanismo cualquiera", dijo la senadora UDI Ena von Baer, mientras que su par Juan Antonio Coloma sostuvo: "no veo ningún argumento para cambiar ese inciso. Al final es una sanción máxima, no es de ordinaria ocurrencia".

Desde otro punto de vista, los senadores Manuel José Ossandón (RN) y Alfonso de Urresti (PS) plantearon que se debe revisar la destitución a raíz de una acusación constitucional y no la inhabilidad en sí.

En tanto, el consejo nacional de la DC, partido en el que milita la diputada, abordará la situación de Provoste en su próximo consejo nacional y tomará una postura común al respecto.