El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó temporalmente la investigación que la fiscalía Centro Norte instruía para detectar las eventuales irregularidades cometidas en el Registro Civil, donde el ex director, Guillermo Arenas, era sindicado como el principal artífice de los delitos de estafa al fisco y cohecho.
La resolución de la jueza Carla Cappello deja momentáneamente suspendida la investigación, ya que las defensas de los acusados no habrían tenido acceso a la totalidad de los antecedentes que el Ministerio Público tiene en su contra desde que se activó esta indagatoria. Según el abogado Alex Caroca, defensor del ex diretor del Registro Civil, Guillermo Arenas, "creo que básicamente lo que hubo fue una falta de control por parte de las autoridades superiores y los magistrados, en relación a una investigación que nosotros, desde un principio, dijimos estaba con muchas irregularidades, en ese sentido hay que revisar los procedimientos".
La jueza Cappello determinó que el sobreseimiento regirá hasta que "las defensas tengan un total y completo acceso a todas la pruebas recopilada por la fiscalía durante la investigación y no sólo a aquella que fue ofrecida en la acusación, la cual sin perjuicio de lo anterior, debe estar en perfectas condiciones de orden y registro que asegure también su examen".
La solicitud fue hecha por los abogados defensores la semana pasada, audiencia en la cual, se ventilaron audios en que la fiscal Godoy proponía a uno de los imputados, Domingo Frez, la posibilidad de buscar un abogado paralelo que mantuviese una conversación constante con ella, hecho que fue calificado como "grave" por las defensas de otros acusados.
En mayo pasado, la fiscalía había pedido penas de 16 años de presidio para el ex director Guillermo Arenas, siete años para su jefe de gabinete Jorge Lobos, y cuatro años para el ex rector de la Universidad de Santiago, Ubaldo Zúñiga. Para los ejecutivos de la empresa india Tata, que se adjudicó la polémica licitación de la plataforma tecnológica de la entidad, se solicitaban penas de cuatro años de cárcel.
