Por más de cuatro meses estuvo en conocimiento del Poder Judicial, la encuesta aplicada en conjunto con la Unicef, que revela graves vulneraciones en contra de menores que residen en hogares del Sename, sin embargo, la denuncia de los hechos ocurrió sólo después de la realizada por parlamentarios ante la Fiscalía Nacional.
Esta "omisión de denuncia" es parte de la nueva arista que abrió el fiscal Juan Agustín Meléndez, quien indaga si este actuar constituye un delito.
Ante la Comisión Investigadora de la Cámara Baja, Meléndez confirmó que esta arista "dice relación con la actuación de magistrados, de funcionarios y autoridades, que participaron en el proyecto de levantamiento de información aludido. Se refiere a que pueden estar vinculados al deber de protección de estos niños y consecuente obligación de denuncia".
"Sobre este tema puedo señalar que las actuaciones u omisiones constituyen un punto de mayor relevancia dentro de la investigación y evidentemente está dentro de la línea investigativa", dijo el fiscal, quien evitó detallar sus alcances.
Meléndez explicó que en este caso ha procedido a interrogar a funcionarios de UNICEF, consejeros técnicos, y funcionarios del Poder Judicial. El fiscal aseguró que "al margen de las vertientes administrativas que existen -que son evidentes- existen penales, y en eso estamos abocados para lograr determinar si existen o no hechos ilícitos en esta materia".
ENCUESTAS EXTRAVIADAS
Además de las vulneraciones reveladas en las encuestas de Poder Judicial y Unicef, Meléndez indaga un centenar de denuncias proporcionadas por la encuesta "Mi derecho a ser escuchado", aplicada en agosto de 2011 por el Sename, donde menores aseguraron ser víctimas de abusos sexuales.
Sin embargo, dijo Meléndez, el trabajo investigativo ha sido complejo, pues los denunciantes son anónimos y los documentos de 3 regiones del país son desconocidos, pues se extraviaron.
El fiscal aseguró que de las 3.964 encuestas aplicadas, sólo recibió cerca de 3 mil. "Consultamos por ellas (al Sename) y la respuesta fue que se hizo investigación sumaria", explicó Meléndez.
Según el fiscal jefe de Magallanes, dijo que hasta el día de hoy, aun espera la respuesta del Servicio Nacional de Menores, a quienes pidió a fines de noviembre pasado los nombres de los niños encuestados, la identidad de quienes aplicaron el instrumento y conocer si la entidad efectuó denuncias por presuntos abusos ante el Ministerio Público.
