Caso SQM: DC y RN cierran filas con Pizarro y Allamand y PPD exige aclarar situación de sus militantes

La prudencia marcó ayer las reacciones de los distintos partidos frente a la segunda denuncia del Servicio de Impuestos Internos, que incluye 609 boletas de honorarios presumiblemente falsas por $ 2.145 millones, 237 facturas falsas por  $ 2.202 millones y 31 boletas de honorarios falsas por $ 134 millones.

Varios de los denunciados tienen vínculos con personeros y parlamentarios de la Alianza y la Nueva Mayoría.

Mientras en la DC golpeó la inclusión en la nómina del organismo fiscalizador de Ventus Consulting S.A., empresa constituida por dos hijos del presidente electo del partido, Jorge Pizarro, y que figura con 11 facturas -por un total de $ 45 millones-, en RN debieron dar explicaciones por la vinculación del senador Andrés Allamand con Inversiones Invercob Ltda., que aparece en la acción legal con nueve facturas por $ 91 millones.

En ambos casos la postura de sus respectivos partidos fue de respaldo.

Este lunes, Pizarro se reunirá con  los miembros de su futura directiva para explicar la denuncia que pesa sobre la empresa de sus hijos (ver entrevista en páginas 2 y 3). En las últimas horas, el timonel electo ha conversado con los dirigentes del partido y de la Nueva Mayoría. A esto se sumó la declaración pública de sus hijos, quienes justificaron el vínculo con SQM como "una prestación de servicios de consultoría y asesoría comunicacional".

El líder de RN, Cristián Monckeberg, en tanto, descartó cualquier relación entre Inversiones Invercob Ltda. y Allamand. "Allamand dice que él se fue de esa sociedad del año 1982", afirmó. "Se trata de una sociedad en la que el senador Allamand no es socio. Por lo tanto, no tiene nada que ver en el baile", remató.

FOCOS DE PREOCUPACIÓN

La secretaría general del PPD espera recibir el lunes los informes de los tres militantes involucrados en la denuncia del SII: el ex secretario general y actual embajador, Alejandro Bahamondes, por la consultora Kybalion;  el asesor de la Segpres Juan Moreno, por Altercom Consultores, y el director de Sernageomin, Rodrigo Alvarez.

La mesa que lidera Jaime Quintana espera que acrediten que las asesorías a SQM  fueron realizadas. Así se los solicitó el senador el jueves por vía telefónica a los tres militantes, a quienes también notificó que no descarta suspender militancias.

"El PPD tiene normadas en sus estatutos estas situaciones. Le hemos pedido entrega de los antecedentes para verificar el trabajo realizado. Aquí no caben las defensas corporativas", explicó Quintana.

Con mayor dureza, el jefe de la bancada de diputados PPD, Jorge Tarud, calificó como "inmoral" que haya miembros de la Nueva Mayoría dentro de la investigación. "Tenenos que tomar el toro por las astas, me parece inmoral que personas que fuimos opositores a Pinochet hoy estemos recibiendo aportes del yerno de Pinochet", indicó.

En la mesa DC, en tanto,  existe preocupación por la situación del diputado Roberto León. Si bien la directiva ya conversó en una primera instancia con el parlamentario cuando su nombre apareció en medio de la investigación, la ausencia de explicaciones más precisas sobre los 55 documentos tributarios a nombre de su hijo encendieron las alarmas.

"El caso de León es uno en los que tenemos que poner más énfasis interno, porque es el más mencionado por su hijo. Necesitamos más información al respecto por las implicancias significativas que tiene su caso", afirmó ayer el secretario nacional, Víctor Maldonado.

En tanto, desde la UDI el presidente (I), Javier Macaya, reafirmó la postura de su partido luego de las más de 50 personas vinculadas a la colectividad que aparecen en la investigación del SII, incluido un hijo del ex senador Pablo Longueira.

"Revisaremos la información, porque son datos que no manejábamos a cabalidad. En todo caso, tratándose de temas que están investigados por la justicia, vamos a abordarlos no por la opinión pública, sino con respecto a lo que tiene que ser una investigación seria y sin sesgos", dijo Macaya.

Mientras que en el PRI, que tiene a su presidente y al secretario general del partido bajo la mirada del ente fiscalizador, afirmaron que los trabajos de ambos dirigentes se efectuaron, que remitirán los antecedentes a la fiscalía y se desligaron de otros personeros denunciados por el SII, como los abogados Rodrigo Gómez y Cristián Brito, ambos expulsados en años anteriores de esa colectividad.