El 15 de septiembre pasado, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez Niada, firmó un oficio que fue remitido entonces a la directora nacional (s) del Servicio Electoral, Elizabeth Cabrera. En una comunicación con cuatro acápites, el fiscal que indaga el caso SQM y todas sus aristas de aportes irregulares a campañas y actividades políticas solicita, en el punto del oficio al que tuvo acceso La Tercera, el "listado de los gastos electorales rendidos o ingresados o aportes recibidos y declarados por S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria en el proceso eleccionario de 2013".

En el segundo punto, Gómez requiere copia de las rendiciones de cuentas de gasto electoral en dicho proceso, para después pedir también las resoluciones emitidas por el servicio que validaron dichas rendiciones. Finalmente, se pide toda la información relativa a los montos y medios de pago de los reembolsos, si es que los hubo, y de los eventuales endosos que pudieran existir.

La petición de Gómez se mantuvo en secreto durante poco más de tres meses, tiempo en el que se estableció reserva sobre las pesquisas.

Hasta ahora, la indagatoria no había alcanzado al período de campaña de la Mandataria, pues se había estacionado en el período anterior, conocido como "precampaña", donde se detectó que la empresa Asesorías y Negocios (AyN), del ex recaudador de la Concertación Giorgio Martelli, recibía recursos de SQM. Aunque la minera no metálica pagaba por informes sobre diferentes temáticas, se estableció que se trataba de recursos que servían para financiar a un grupo de personas que trabajaban para el retorno de Bachelet, entonces, desde Nueva York. Entre ellos, al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, quien ha declarado dos veces como imputado en la causa.

Antes de eso, lo más cerca que Gómez había llegado respecto de la campaña de la Presidenta Bachelet fue un oficio que envió el 10 de febrero del presente año al Departamento de Justicia de Estados Unidos pidiendo asistencia internacional para investigar a SQM.

En dicha comunicación Gómez solicita información de la empresa por "pagos, sin que exista un servicio a cambio a personas naturales o jurídicas" vinculadas a partidos políticos y a "las campañas presidenciales de los ex presidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera; y de la actual Presidenta, Michelle Bachelet".

En paralelo, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, liderada por el fiscal Carlos Gajardo, también tiene bajo observación aportes de empresas que fueron recibidos por la campaña de la Presidenta Bachelet.

De hecho, el 7 de noviembre pasado fue citado por Gajardo el propio Giorgio Martelli, quien se ha autodenominado como operador político.

Esto, a raíz de facturas que Ripley pagó a un proveedor de la campaña de Bachelet, la consultora Credo, que es de propiedad de Diego Perry, hijastro de un ex estrecho asesor de la Presidenta, Juan Carvajal.

En su declaración como testigo, Martelli reveló que "efectivamente puedo deducir que esta operación podría haber tenido que ver con financiamiento para la campaña presidencial de Michelle Bachelet".

"Las personas que me pidieron participar en el tema del financiamiento fueron Jorge Rosenblut y Rodrigo Peñailillo. Mi función era cómo operativizar los aportes de campaña que hacían tanto empresas como personas", dijo Martelli en aquella oportunidad. Ahora, la cuenta total de ingresos y gastos de campaña está bajo revisión del fiscal Pablo Gómez.