Un voluminoso informe de 1.983 fojas, contenidas en cinco volúmenes y que incluye un análisis pericial de 538 páginas, entregó ayer la Fuerza de Tarea Reservada Occidente de la Policía de Investigaciones (PDI) al fiscal Andrés Castellanos, quien subroga a la fiscal regional Solange Huerta en la indagatoria por las responsabilidades penales en las fallas para decretar alerta del tsunami ocurrido el 27 de febrero de 2010, donde murieron 156 personas y hubo 25 desaparecidos.

La entrega de las conclusiones se produce justo en la antesala de la conmemoración del tercer aniversario de la catástrofe.

El documento, al que tuvo acceso La Tercera, constituye el cierre formal de las pericias por el caso y busca despejar la discusión respecto de quién estuvo al mando de las labores de emergencia esa madrugada. Aspecto que será clave para los próximos pasos que dará la fiscal: en el Ministerio Público no descartan nuevas formalizaciones e, incluso, derivar antecedentes a la justicia naval.

En dicho contexto, las conclusiones de la investigación policial apuntan al rol que jugaron las máximas autoridades del Ministerio del Interior.

"El ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, al no encontrarse en la madrugada del 27 de febrero (...), fue subrogado en mando de autoridad y en la presidencia del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) por el subsecretario Patricio Rosende; y a su llegada a esas dependencias, alrededor de las 7.30, asumió ese mando, siendo desde ese momento el responsable de las acciones que se tomaron en el ámbito de la emergencia", señala el informe de la PDI. Y se agrega que "la máxima autoridad del país, la ex Presidenta Bachelet, presente en el lugar, si bien presidió la reunión del COE (mando político), no privaba a que la autoridad e institución encargada de la emergencia se mantuviera con sus roles y responsabilidades".

La observación resulta clave, luego de que en 2011 se detectaran contradicciones entre las primeras declaraciones de Pérez Yoma y la ex mandataria. Mientras Bachelet señaló, el 28 de diciembre de 2010, que Interior debía presidir el COE y tomar las decisiones requeridas, 15 días después el ex ministro dijo que al momento de llegar a la Onemi, "el mando de autoridad estaba ya radicado en la presidenta".

Diferencias que dieron origen a nuevos interrogatorios. En una segunda declaración, prestada el 2 de enero pasado -mientras estaba de visita en el país-, Bachelet señaló que como presidenta, ejercía el "mando político" de la emergencia, y que si bien presidió la reunión del COE, "cada autoridad mantuvo sus responsabilidades".

Asimismo, en una nueva declaración de Pérez Yoma, hasta ahora desconocida, el ex ministro rectificó su testimonio original, aclarando que quiso referirse al "mando político" de Bachelet cuando habló de mando de autoridad. "Eso no significa que en lo formal el COE deje de estar a cargo del ministro del Interior o del subsecretario, según sea el caso".

El informe de la PDI también establece como conclusión criminalística que a las 5.17 del 27 de febrero, las autoridades presentes en la Onemi debieron haber adoptado las "decisiones oportunas" para poner en resguardo a las personas ante un maremoto (ver página 4).

Esta distinción afecta al ex subsecretario del Interior Patricio Rosende -quien a las 5.00 ya se encontraba en la Onemi y quien está formalizado por cuasidelito de homicidio- y también a Pérez Yoma, que según el informe de la PDI asumió el mando de autoridad a las 7.30 horas.

Nuevos antecedentes

El documento de la PDI, además, incorpora nuevas declaraciones, también desconocidas hasta ahora, de Rosende y de la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, junto con el ex general director de Carabineros Eduardo Gordon y el actual, Gustavo González Jure, quienes debieron precisar sus roles en el 27/F.