En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fueron reformalizados esta mañana los ocho imputados del llamado caso tsunami, por su presunta responsabilidad en la fallida alerta de maremoto, luego del terremoto del 27 de febrero de 2010.
Siete de ellos, incluyendo al ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, fueron formalizados por cuasidelito de homicidio y lesiones, mientras que al jefe de turno de la Onemi durante el 27/F, Osvaldo Malfanti, sólo se le imputó el primer delito.
La fiscal metropolitana Occidente, Solange Huerta, entregó nuevos antecedentes durante la audiencia, luego de que la PDI hiciera entrega de un segundo informe. Entre ellos, que a las 4.30 horas de ese 27 de febrero, llega a la Onemi el jefe de alerta temprana, Johaziel Jamett, quien recibe el documento del Shoa. No reparó en la contradicción de la información verbal que dice que no habrá maremoto y el fax del Shoa que anuncia posible tsunami. "No tomo ninguna decisión", dice Huerta. A las 4.49 horas Andina, Rojas y Enríquez cancelan la alerta de tsunami del Shoa. Dice Huerta "actuando de manera negligente y temeraria".
Posteriormente, a las 6.25 horas, el Shoa envía un segundo fax con información alterada, falsa y conclusiones contradictorias. El texto asegura que sólo hubo variaciones menores en el nivel del mar en las costas chilenas. El documento fue firmado por Enríquez, Rojas y Andina.
Los tres "nunca debieron cancelar la alerta de tsunami" y desde las 5.15 horas tuvieron información suficiente para rectificar su decisión, explicó Huerta en la audiencia. Y añade que cerca de las 5.00 horas los imputados Fernández, Jamett y Rosende pudieron comunicar la información y no actuaron de forma consecuente.
En la audiencia de hoy, el Tribunal decidió fijar para el 13 de mayo la audiencia de sobreseimiento para Patricio Rosende, Carmen Fernández y Andrés Enríquez
Entanto, el abogado querellante, Raúl Meza, solicitó una audiencia para discutir la formalización de la ex presidenta Michelle Bachelet. Ante esto, el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía, Ponciano Sallés, desestimó acoger la petición, por no cumplir con los requisitos, porque según el juez no existe una denuncia o querella en contra de la ex mandataria.
SALIDA ALTERNATIVA
En tanto, el ex jefe de turno del servicio Sismológico de la Universidad de Chile, Carlos Aranda, accedió a una salida alternativa ofrecida por la Fiscalía. El tribunal acogió la suspensión condicional determinando tres condiciones: fijar domicilio, dar cinco jornadas de capacitación de sismología desde la V a la VIII Región en colegios liceos y establecimiento primarios y pedir disculpas públicas.
"Lo lamento desde ese mismo día", dijo el imputado en la sala. El cumplimiento de estas condiciones serán observadas por un plazo de 18 meses por el Ministerio Público y en caso de incumplimiento, se arriesga a una pena de 3 años.
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