El 26 de septiembre, solo tres días después de que se publicara en el Diario Oficial la ley de aborto por tres causales, llegó al Ministerio Público la primera denuncia conocida vinculada a la nueva legislación.
Una fuerte dolencia estomacal que afectaba a una niña de menos de 13 años la obligó a trasladarse junto a su madre desde un poblado de Chiloé hasta un centro médico privado de la ciudad de Castro, en la Región de Los Lagos. Tras someterse a una serie de exámenes, que incluyó una ecotomografía, el equipo médico confirmó que la menor tenía un embarazo producto de una violación. El hecho fue denunciado y de inmediato se abrió una investigación que quedó a cargo del fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, bajo la atenta mirada de la Fiscalía Nacional.
Aun cuando la situación reunía todas las condiciones para poder practicar una interrupción del embarazo y tribunales autorizó la medida luego de obtener el consentimiento de la madre de la menor, el caso dejó en evidencia las dificultades que enfrenta la implementación de la nueva ley.
Como primera medida, el juez de Familia ordenó determinar las semanas de gestación, ya que según la normativa, en caso de acreditarse una de las tres causales (inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre o violación), la paciente puede interrumpir su embarazo "siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación". Y tratándose de una niña menor de 14 años, "la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación", dice la ley.
El peritaje preliminar arrojó que la niña tenía 11 semanas y tres días, por lo que debían actuar con rapidez.
Sin embargo, ante la sorpresa y preocupación de fiscalía, el Servicio de Salud de Chiloé notificó que no había, en los hospitales de la zona, facultativos dispuestos a realizar el procedimiento médico. Fuentes que conocieron el caso señalaron que los profesionales del Hospital de Castro argumentaron que no podían realizar el aborto, ya que aún no estaba listo el reglamento del Ministerio de Salud que fija los protocolos para aplicar la Ley 21.030, el que debe dar a conocer la ministra del ramo, Carmen Castillo.
Entre otras cosas, el documento establecerá el mecanismo de objeción de conciencia que pueden invocar los médicos, los que, según la ley, "podrán abstenerse de realizarlo cuando hubiesen manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. En este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar de inmediato otro profesional no objetante a la paciente. Si el establecimiento de salud no cuenta con ningún facultativo que no haya realizado la manifestación de objeción de conciencia, deberá derivarla en forma inmediata".
Tanto en el Ministerio de Salud como en el Servicio de Salud de Chiloé y en las direcciones de hospitales locales señalaron a La Tercera que no se referirán al caso porque la investigación se encuentra bajo secreto. Aunque el director del Hospital de Castro, Ricardo Salazar, negó que el recinto haya recibido una solicitud para practicar un aborto a una menor, en los organismos públicos de Chiloé la negativa es conocida y provocó un fuerte debate en las últimas semanas, e incluso matronas de la región compartieron a través de un grupo de whatsapp sus críticas por la postura de los médicos.
Especialistas de salud de la región explican que una de las razones que tuvieron los facultativos para oponerse a realizar el aborto fue que el Hospital de Castro (calificado como recinto médico de mediana complejidad) no cuenta con los implementos necesarios para aplicar el sistema de aspiración manual endouterina AMEU, una de las técnicas para interrumpir el embarazo, como tampoco lo tendría ninguno de los hospitales de la zona, incluido el de Puerto Montt.
Sin embargo, esta versión es rebatida por otros profesionales de la región, ya que también existe el fármaco Misoprostol, el cual disminuye sus riesgos, al aplicarse en un recinto médico protegido.
Otro de los problemas detectados es que en la provincia no cuentan con la capacidad para asegurar la cadena de custodia de las evidencias de ADN que requiere la investigación penal.
Ante la urgencia del caso, fue la Subsecretaría de Redes Asistenciales la que debió tomar cartas y a inicios de octubre organizó el traslado de la niña a Santiago, por vía aérea y acompañada por enfermeras. Ya en la capital pudo ser atendida en el Hospital San José, donde se practicó la interrupción del embarazo.
El Servicio Nacional de Menores se querelló por la violación de la menor y se esperan los resultados del peritaje de ADN para identificar al responsable.
Ley sin reglamento
Además de los vacíos e inconvenientes que genera la falta de protocolos -el reglamento estará listo recién a fines de diciembre y mientras tanto la ministra Castillo ha dicho que se actuará "caso a caso"-, la causa de Los Lagos sembró la duda sobre si habrá suficientes profesionales habilitados para practicar un aborto y si los recintos de salud cuentan con las capacidades para efectuarlos.
Durante la tramitación de la ley se discutió ampliamente la objeción de conciencia de los médicos de recintos privados, como las clínicas de la Universidad Católica, y finalmente esta posibilidad quedó incluida en la ley, así como la que puede manifestar el resto del personal que trabaje en el pabellón quirúrgico. Sin embargo, un problema mayor para el Ministerio de Salud será la negativa que expresen los médicos de la salud pública. Más aún en zonas aisladas, donde no siempre será posible trasladar a los pacientes.
En el Minsal declinaron entregar información respecto a cómo enfrentarán este tema ni si existen otros casos similares al ocurrido en Chiloé. También está el obstáculo de la especialización de los profesionales: aunque la Ley solo menciona que los abortos pueden ser realizados por "un médico cirujano", en el ministerio aclaran que pedirán que el procedimiento lo efectúen médicos especializados en obstetricia.
Tras el problema ocurrido en el sur del país, el Minsal ordenó realizar talleres de capacitación a profesionales de la salud para enfrentar este tipo de emergencias e intentarán acelerar la publicación del reglamento.
