Abusos a menores, encubrimiento y políticos influyentes. Esos son los ingredientes que tiene el escándalo que se instaló en el Parlamento británico. Si bien se trata de un caso conocido, ocurrido en la década de los 80, volvió a salir a la luz la semana pasada, cuando el parlamentario laborista Simon Danczuk le pidió al ex ministro del Interior Leon Brittan que dijera lo que sabía sobre un dossier que se le había entregado cuando era ministro, en 1983, el cual contenía denuncias de pedofilia. Esos documentos tenían informaciones "explosivas" sobre personajes muy poderosos de la época y que pertenecían al Partido Conservador.
El documento se lo había entregado el ya fallecido congresista Geoffrey Dickens, un ex boxeador que luchó contra la pedofilia y la pornografía infantil, y que en agosto de 1983 dio a conocer sus planes al diario Daily Express: "Tengo los nombres de ocho personas prominentes, realmente importantes, figuras públicas, y los voy a exponer en el Parlamento".
Según los reportes de prensa de la época, recogidos por la BBC, entre los involucrados estaban un funcionario del Parlamento y un empleado del Palacio de Buckingham.
Fue así como, entre noviembre de 1983 y enero de 1984, el Ministerio del Interior (Home Office) recibió información de Dickens sobre el supuesto abuso a menores. Brittan, que era ministro de esa cartera en ese momento, entregó los documentos a sus funcionarios, quienes le debían reportar si era necesario "tomar alguna medida".
La fiscalía le dijo a Dickens que dos de los documentos entregados podrían "servir de base para una investigación de parte de la policía" y que éstos "fueron entregados a las autoridades correspondientes".
Todo hace prever que el alcance del escándalo sea aún mayor. De hecho, en 2012, el parlamentario laborista Tom Watson dijo que había existido una red de pedofilia que vinculaba al Parlamento y el Número 10 (de Downing Street, residencia del gobierno británico). Tras esta denuncia, la policía confirmó que está investigando abusos ocurridos a fines de los 70 y principios de los 80, en la denominada operación Fernbridge.
Por este motivo, la Home Office realizó una investigación en 2013, que cubrió los años entre 1979 y 1999, y descubrió que había 527 archivos potencialmente relevantes y que, además, había otros 114 que estaban desaparecidos, destruidos o que no se habían encontrado. Además, señala que Brittan actuó de forma apropiada.
El vocero del ministerio, Mark Sedwill, le dijo a la BBC que la oficina estatal había adoptado en 1982 el sistema de archivo conocido como Grigg, que cada cinco años obligaba a revisar qué documentos debían ser destruidos, reclasificados o ser dejados tal como estaban.
Por esto, muchos políticos calificaron la desaparición de estos papeles como el "encubrimiento". Así, el lunes, la ministra del Interior, Theresa May, habló ante el Parlamento, afirmando que el gobierno iniciará una investigación de "amplio alcance" para aclarar lo que ocurrió con esos documentos en los archivos del ministerio, tratando de salir al paso de las sospechas de complicidad. Por su parte, el primer ministro británico, David Cameron, prometió esclarecer la existencia de posibles casos de pederastia. "Estoy decidido a establecer la verdad tras las acusaciones de abusos sexuales y aprender las lecciones de casos recientes", escribió en Twitter.