La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, defendió hoy la decisión del Presidente Sebastián Piñera de intervenir en el caso de la termoeléctrica Barrancones, que se instalaría en Punta de Choros, y afirmó que el Mandatario respetó la institucionalidad y apeló "al liderazgo que le corresponde como Presidente".

"Lo que hace (Piñera) es recurrir a la voluntad de la empresa. El no va en contra de la legislación, sino que le quita el gatillo a un conflicto que iba ir escalando, y que era obvio que iba a escalar. Y por lo tanto el Presidente se acoge a la voluntad de la empresa y le pide que busque una relocalización del proyecto", afirmó Parot en entrevista a TVN.

En esa línea, añadió que "el Presidente en ese sentido muestra un respeto por la institucionalidad, pero acude a los buenos oficios, y además al liderazgo que le corresponde como Presidente para evitar que un conflicto escalara, porque si bien hoy día se le critica por haber tomado esta decisión, si él no hubiera tomado esta decisión, hoy día tendríamos una protesta no solamente del mundo ambiental o del mundo ciudadano, sino que también desde el mundo político".

La ministra explicó, además, que la tarea que le encargó el Mandatario tras el caso de Barrancones consiste en hacer "un cruce" de todos aquellos sitios que están protegidos por la legislación, como las reservas, parques nacionales o monumentos, y cruzarlo con otra información como las áreas de interés indígena o las zonas de interés turístico.

"Lo que nosotros le vamos a entregar hoy al Presidente de la República va a ser como una especie de 'semaforización' del territorio. Decir que este es un punto rojo, donde se cruzan demasiadas zonas protegidas. Va a ser un mapa indicativo, para que tomen en cuenta las empresas a la hora de decidir dónde instalarse o dónde dejar de instalarse, por los posibles conflictos que puedan surgir en lugares que ya están protegidos", afirmó Parot

Además, la secretaria de Estado reiteró la postura mantenida por el gobierno que apunta a vacíos legales en la institucionalidad medioambiental, que finalmente permiten que una empresa se instale en las cercanías de zonas protegidas sin transgredir la ley.

"La empresa cumplió con todos los procedimientos que la ley exigía, pero esos procedimientos permitieron que la empresa se instalara a pocos metros de zonas que estaban ya declaradas como parques o como reservas marinas", afirmó.