El Gobierno regional de Cataluña envió hoy al Senado, en el último momento, sus alegaciones a las medidas propuestas por el Gobierno central para impedir el secesionismo, y lo acusa de haber "sobrepasado ampliamente" y "sin justificación" los límites que permite la Constitución.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy propuso el pasado día 21 el cese del presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y su gabinete, limitar las funciones del Parlamento regional y convocar elecciones autonómicas antes de seis meses para restaurar el orden constitucional en esa región autónoma e impedir el secesionismo.

Estas medidas, de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, deben ser validadas por el Senado, que lo hará mañana, pero antes, el Ejecutivo catalán puede enviar sus alegaciones.

Según consta en esas alegaciones, a juicio del Ejecutivo catalán, las decisiones que recoge el acuerdo del Gobierno de España para aplicar el artículo 155 "despojan prácticamente a las instituciones de la Generalitat de Cataluña de sus principales atribuciones".

Asimismo, denuncian que el Estado se haga cargo de "la dirección política de la administración de la Generalitat en su conjunto".

Por ello, consideran que si el Senado autoriza las medidas, "estaría imponiéndolas sin una ponderada causa justificante e incurriendo en un exceso notorio".

También interpretan que existe "manifiesta desproporción entre la finalidad perseguida y las alteraciones impuestas al sistema institucional de la Generalitat (gobierno regional catalán)".

En consecuencia, el Gobierno catalán considera que ha habido una "patente vulneración del procedimiento previsto para el artículo 155 de la Constitución".

Estas alegaciones llegaron en el último momento, justo antes de las diez de la mañana (8.00 GMT), cuando expiraba el plazo y con ellas en la Cámara Alta, la comisión encargada de estudiar la propuesta del Gobierno se pone en marcha. Está previsto que la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, defienda la postura del Ejecutivo central.

Aunque se especuló con que podría ser el propio Puigdemont el que las defendiera, finalmente lo hará un delegado de la Generalitat en Madrid.

La propuesta final de esta comisión será la que se vote en el pleno del Senado previsto para mañana y después el Gobierno las puede poner en marcha.

El gubernamental partido Popular (PP, centroderecha) cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, pero además, cuenta con el apoyo de los socialistas (PSOE), principal grupo de oposición, y Ciudadanos (liberales).

En los últimos días se ha especulado en España con la posibilidad de suspender la aplicación de esas medidas si Puigdemont convocaba elecciones regionales, pero esa opción no se ha concretado.