España vivió ayer un punto de inflexión en la mayor crisis política que enfrenta desde el regreso de la democracia. Esto, porque el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció ayer la destitución de todo el gobierno regional de Cataluña, la disolución del Parlamento de esa región y la convocatoria a elecciones auto- nómicas para el 21 de diciembre, como parte de las medidas aprobadas para "restaurar la legalidad en esa comunidad autónoma". "Son estas horas de ánimos exaltados en las que importan mucho la prudencia y serenidad", dijo Rajoy al anunciar las medidas, al tiempo que garantizó que el Estado dispone de medios suficientes para recuperar la normalidad y disolver cualquier tipo de amenaza sobre la convivencia "de forma pacífica y moderada".
Las medidas fueron aprobadas por un Consejo de Ministros extraordinario, el cual había obtenido el permiso del Senado español para aplicar el Artículo 155 de la Constitución, que le extiende poderes para intervenir la autonomía de una región con tal de preservar la unidad del país. Esto, luego de que el Parlamento catalán proclamara una república independiente.
"Los españoles estamos viviendo una jornada triste, en la que la sinrazón se ha impuesto a la ley y ha derribado la democracia en Cataluña", dijo Rajoy en su intervención, en la que reprochó a los independentistas su falta de respeto a los derechos de la mayoría. "Creemos que es urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes, a todos", sostuvo.
En respuesta a ese desafío secesionista, el Ejecutivo español ordenó la destitución del presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont; su vicepresidente, Oriol Junqueras, y de todos sus consejeros, y señaló que sus funciones serán asumidas por los ministerios competentes.
El Consejo de Ministros ordenó también el cese de los responsables del departamento de Interior del gobierno regional, así como el cierre de las "embajadas" catalanas en el extranjero, excepto la de Bruselas ante la Unión Europea (UE), aunque su delegado sí fue destituido.
De acuerdo con la página web del Ejecutivo regional, citada por la agencia EFE, Cataluña tiene siete delegaciones de representación en el exterior: Alemania, Francia y Suiza, Reino Unido e Irlanda, Austria, Italia, Unión Europea y Estados Unidos.
El jefe del Ejecutivo español también ordenó la clausura del patronato de Diplocat, una entidad público-privada al servicio del gobierno regional para impulsar la proyección internacional de Cataluña, y el cese de los delegados catalanes en Madrid y Bruselas.
Además, el Consejo de Ministros ordenó también el cese del secretario general de Interior del gobierno regional, César Puig, y al director general de la policía autonómica catalana (Mossos d'Esquadra), Pere Soler, una medida que no afecta de momento al jefe operativo del cuerpo, Josep Lluís Trapero, en libertad con medidas cautelares mientras es investigado por un delito de sedición.
En su comparecencia para anunciar estas medidas, el presidente del gobierno español defendió la "prudencia y la serenidad" para aplicarlas de forma "pacífica".
Rajoy puntualizó que estas son las primeras medidas y los pasos "necesarios e imprescindibles" para restituir un autogobierno que ha sido "liquidado por una cadena de decisiones arbitrarias y excluyentes" adoptadas por los responsables del Ejecutivo regional de Cataluña.
"No se trata de suspender el autogobierno, ni de intervenirlo, ni de recortarlo, se trata de devolverlo a la normalidad lo antes posible", afirmó Rajoy.
"Somos independientes"
Pero el foco de la jornada había comenzado en Barcelona, en la sede del Parlamento regional. Allí los independentistas que dirigen Cataluña proclamaron la independencia unilateral de la región, lo que fue recibido con júbilo por los miles de manifestantes que no sólo que se habían congregado afuera del Parlamento, sino también en otras partes de la región, como Girona y Tarragona. "Hoy sí que proclamaremos la república". "Som independents" (somos independientes)", era el grito que se escuchaba por todos los rincones de la Plaza de Sant Jaume, donde se encuentra la sede del gobierno regional.
Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social", afirmó la resolución aprobada con 70 votos a favor sobre 135 de la Cámara.
Según explicó el diario El País, el voto secreto fue apoyado tanto por la Cup como por Junts pel Sí, cuyo portavoz adjunto, Roger Torrent, pidió una votación nominal y en urna con el fin de evitar posteriores acciones penales, tras la advertencia de los servicios jurídicos del Parlament de que el texto no podía votarse debido a que la ley en la que se sostiene está suspendida por el Tribunal Constitucional.
Al igual que el jueves, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no intervino ayer en el pleno.
La propuesta de Junts pel Sí y la CUP plantea la apertura de un proceso constituyente que "acabe con la redacción y aprobación de la Constitución de la República" e insta al gobierno regional a desplegar la ley de transitoriedad. El texto fija un plazo de 15 días para la constitución de un 'consejo asesor del proceso constituyente' y convocar elecciones constituyentes una vez culminadas todas las fases del proceso", señaló El País.
La declaración fue celebrada con alegría, abrazos y champán por unas 15.000 personas reunidas cerca del Parlamento. "Nos ha costado tanto llegar a este momento", dijo a la agencia France Presse Judith Rodríguez, una trabajadora social de 38 años, con lágrimas en los ojos.