Por más de tres horas se extendió la diligencia que realizó el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, en las dependencias del Ministerio de Obras Públicas (MOP). El persecutor tomó declaración al ministro de esa cartera, Alberto Undurraga, en el marco de las indagatorias, aún sin formalización, que realiza por presuntos delitos cometidos durante y después de la construcción del Puente Cau Cau de Valdivia.

Al salir del ministerio, Morales aseguró que "el ministro declaró en calidad de testigo respecto del tema Puente Cau Cau y, además, por una querella que tiene al respecto la empresa Zañartu".

La primera arista dice relación con una denuncia que ingresó el senador por la zona Alfonso de Urresti (PS), al Consejo de Defensa del Estado (CDE), por el aumento de $ 1.800 millones en el presupuesto del puente, que pasó de $ 15 mil millones iniciales a más de $ 18 mil millones hasta antes de que quedara paralizado, el 24 de febrero de 2015, cuando una falla dejó inutilizable el sistema de levante.

Mientras que la querella se refiere a una acusación de prevaricación que hizo la empresa de asesoría de inspección fiscal, Zañartu Ingenieros, contra la autoridad del ministerio, por las presuntas presiones que Undurraga habría realizado para suspender por un año a la firma del registro de contratistas del MOP, que es un requisito para participar en licitaciones y concursos públicos.

Una suspensión que también se aplicó a Azvi, la empresa constructora del Puente Cau Cau, por un período de dos años. Sanciones que, reiteraron desde el MOP, cuentan con toma de razón por parte de la Contraloría.

Respecto de la diligencia, el senador De Urresti señaló que "confiamos que tanto los antecedentes que aporte el ministro como también las ex autoridades, contribuyan a aclarar los horrores en la construcción del Cau Cau. Esto tiene un origen y esperamos que se logren identificar las responsabilidades que también se remontan a otros períodos".

Intervenir el puente

El fiscal también aclaró que la obra en Valdivia no tiene ninguna medida precautoria. Esto, en respuesta a las declaraciones que han emanado del MOP, donde señalan que el puente no se puede intervenir sin el permiso del persecutor, y explicó: "La fiscalía no emite medidas precautorias de ninguna naturaleza, esas son propias de los tribunales". Consultado sobre si va a solicitar esta medida, dijo que "eso se está analizando si es necesario hacer".

Desde el MOP emitieron un comunicado apuntando las acusaciones a las empresas que estuvieron a cargo de la obra y señalaron que el ministro "entregó todos y cada uno de los antecedentes que demuestran la evidente responsabilidad de las empresas Azvi Chile S.A. y Zañartu Ingenieros Consultores en la fallida construcción del Puente Cau Cau".

En el texto añaden que Undurraga "reiteró la necesidad de empezar cuanto antes el desmonte de los brazos para lo cual esperamos en próximas días tener el visto bueno del Ministerio Público".

Actualmente, el puente se mantiene con los brazos abiertos, desde abril de 2015, con un costo para el Estado de $ 1 millón diarios, y se espera desmontar los tableros para luego licitar la reconstrucción de la estructura. A mediados de mes, la Dirección de Vialidad del MOP envió las bases de licitación a 20 empresas, seis nacionales y 14 extranjeras para participar en el diseño de ingeniería del sistema basculante y los brazos. Terminada esa etapa se licitaría la construcción, con un costo estimado de $ 10 mil millones.