Un nuevo capítulo se sumó ayer al caso Caval, que involucra al hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y a su esposa, Natalia Compagnon.

Esto luego de que, pasado el mediodía, los abogados de la empresa Silca -propiedad del empresario rancagüino Hugo Silva- presentaran una querella por el delito de estafa contra la compañía, cuyo 50% pertenece a Compagnon.

La acción judicial, que fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Rancagua "contra los representantes de Caval y todos quienes resulten responsables", busca rescindir -es decir, dejar sin efecto- el contrato mediante el cual Silca le compró a Caval tres terrenos ubicados en la comuna de Machalí, en la Región de O'Higgins.

Fue justamente el proceso de compra y venta de esos predios los que desataron el escándalo político que provocó la renuncia de Dávalos a su cargo de director sociocultural de La Moneda, luego de que la revista Qué Pasa revelara que Caval solicitó un crédito por $6.500 millones al Banco de Chile, en una reunión entre el hijo de la Mandataria y el dueño del banco, Andrónico Luksic, el 6 de noviembre de 2013.

Dicho préstamo -cuya aprobación fue informada a Caval el 16 de noviembre de ese año, un día después del triunfo de Bachelet en las elecciones presidenciales- permitió a la empresa comprar los terrenos en Machalí, que terminaría vendiendo a Hugo Silva por $9.500 millones. Esta última operación se concretó el 5 de febrero recién pasado, y es este negocio el que el empresario rancagüino busca anular.

Según fuentes ligadas al proceso, Silva se siente estafado, debido a que compró los terrenos considerando que el cambio al plan regulador que se tramita en la zona -del cual supuestamente habría tenido conocimiento Caval al momento de adquirir los predios- modificaría el uso de suelo, por lo que podría dedicar esos terrenos a proyectos inmobiliarios. Sin embargo, debido a la polémica, el proceso se encuentra paralizado.

DILIGENCIAS DE LA FISCALÍA

El caso Caval está siendo investigado por el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, desde el 16 de febrero pasado. Ese día, los diputados de RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards realizaron una denuncia ante el Ministerio Público, solicitando que se investiguen eventuales ilícitos como negociación incompatible y violación de secreto, ante la posibilidad de que funcionarios públicos hubiesen entregado información a Caval sobre el cambio al plan regulador.

Además de la querella por estafa, los abogados de Silca han sostenido reuniones con la fiscalía, donde ofrecieron su cooperación con las indagatorias. Así, ayer entregaron voluntariamente un computador, copias de correos electrónicos y otros documentos sobre las negociaciones entre Caval y Silca para la compra de los predios.

INCAUTACIÓN A DÁVALOS

Con todo, ayer el fiscal Toledo confirmó que el jueves pasado se concretó la diligencia de "entrada y registro" del domicilio de Sebastián Dávalos en La Reina. Allí, con la presencia de Natalia Compagnon, se incautaron computadores y pendrives.

Consultado sobre los plazos de la investigación, que ya lleva 15 tomos, Toledo afirmó que "me he fijado plazos, pero no los voy a dar a conocer, porque mi interés es avanzar lo más rápido posible".

Además, dijo que una que vez que finalice la etapa de investigación y de verificación de antecedentes, comenzará la fase de declaraciones, que "serán en el primer semestre".