Hace dos semanas, y en absoluta reserva, el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, solicitó al Ministerio del Interior los soportes de las plataformas de comunicación que el hijo de la Presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, utilizó mientras cumplió funciones como director sociocultural de la Presidencia. Esto, en el marco de las diligencias que el fiscal está realizando por el caso Caval.
El gobierno accedió a la petición de Toledo y entregó al persecutor copia de los correos electrónicos, así como el computador y el teléfono móvil que Dávalos utilizó en los 11 meses que estuvo trabajando para el gobierno. Todos estos antecedentes fueron entregados con una cadena de custodia, como una forma de asegurar que los medios no fuesen adulterados.
Las pesquisas del persecutor y del OS-9 de Carabineros buscan recopilar información que ayude a aclarar las circunstancias en que se realizó la operación comercial de compra de terrenos en Machalí, por parte de la empresa Caval. La firma solicitó, en 2013, un crédito por $ 6.500 millones al Banco de Chile para comprar tres terrenos en esa localidad, los que luego vendieron por $ 9.500 millones.
Caval pertenece en un 50% a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon. Tras conocerse los antecedentes de este negocio, los parlamentarios RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía Nacional. Pidieron que se indagara un eventual delito de negociación incompatible y violación de secreto.
Este computador de Dávalos es parte de los siete discos duros que han recopilado los investigadores en las cerca de cuatro semanas que lleva esta indagatoria.
Fuentes del proceso indicaron que el resto de los discos duros corresponden al secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Rancagua, Wilfredo Valdés; al del socio de Caval, Mauricio Valero; uno existente en el Conservador de Bienes Raíces de la zona; y otro que estaba ubicado al interior del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Uno de los principales objetivos de analizar estos antecedentes es buscar si existió comunicación que pudiera revelar el uso de información privilegiada.
21 archivadores
La investigación de Toledo también ya lleva acumulados 21 archivadores, en los que se encuentran planos, escritos, las diversas inscripciones de los terrenos, así como información bancaria relacionada con el caso.
También se han anexado las inscripciones de los tres terrenos de Machalí en el Conservador de Bienes Raíces y en la notaría de Santiago, información financiera del Banco de Chile y Santander, además de los planos correspondiente al Plan Regulador de Machalí.
Fuentes del caso indicaron que Toledo ya se encuentra próximo a terminar la etapa de recopilación de antecedentes. El siguiente paso es analizar la documentación, algo que Toledo realizará con los fiscales Sergio Moya y Javier von Bischoffshausen.
En las últimas semanas, Toledo también se ha reunido con el equipo Anticorrupción de la Fiscalía Nacional para determinar las próximas acciones de la investigación.
Luego, deberían venir nuevas citaciones a declarar a algunos de los implicados. Entre estos, según dijo en febrero el Ministerio Público, estarían el propio Dávalos y Compagnon.