La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) acudió a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para manifestar su posición respecto al proyecto denominado de deuda consolidada. En la oportunidad, la Institución gremial expresó su oposición a la iniciativa que calificó como un retroceso para los deudores y para las personas que tienen sus obligaciones crediticias al día.

La CCS representada por Peter Hill, Presidente de la Institución, llamó a los parlamentarios a reflexionar sobre" si se justifica poner en riesgo la estabilidad y certeza que brinda el modelo vigente. Sin duda, la mejor opción sería perfeccionar el modelo que tenemos y que opera eficientemente".

En ese sentido, el representante gremial desestimó la supuesta intención del proyecto de ley de evitar el sobreendeudamiento colectivo y consideró innecesaria más legislación respecto a esta materia, ya que la autoridad financiera actualmente dispone de suficientes antecedentes para monitorear la ocurrencia de un eventual riesgo sistémico. "La consolidación de información no garantiza evitar el sobreendeudamiento. La mejor evidencia de esto es lo ocurrido recientemente en Estados Unidos con la crisis subprime ", afirmó Peter Hill.

Agregó que en la actualidad cualquier otorgante de crédito que desee conocer el endeudamiento de una persona, puede hacerlo sin necesidad de que se dicten nuevas normas. Hoy,   el propio interesado en obtener un crédito puede solicitar un certificado de sus deudas a las empresas con las que mantiene créditos para presentarlo ante quien tramita un nuevo préstamo. Si bien esta fórmula implica un costo de transacción, se considera que dicho costo se justifica en resguardo de un bien superior como es la privacidad.

Asimismo, agregó que contra lo que se sostiene por los promotores de la iniciativa, los datos de los deudores estarían expuestos el doble del tiempo que autoriza la ley vigente.

"En la actualidad las anotaciones negativas deben eliminarse tan pronto se cancele la deuda, y si esto nunca ocurre, transcurridos 5 años debe dejarse de comunicar la anotación. Con algunos matices, el proyecto permite ampliar hasta 10 años el plazo de 5 años y si las anotaciones negativas suman más de dos en un período de doce meses, ellas se continuarán comunicando aunque sean pagadas", afirmó Peter Hill.

Otro ejemplo del riesgo del proyecto se refiere a la autorización para conocer los datos personales. "Hoy se requiere de la autorización expresa del deudor -dada en forma previa y con un carácter esencialmente revocable -, en cambio el proyecto plantea una autorización post registro central sin decir nada sobre que ésta sea revocable, con lo cual dicha autorización se podría extender por toda la vida del deudor".