En la víspera de la audiencia fijada para hoy donde el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, deberá exponer los alcances del acuerdo al que llegó con SQM para una salida alternativa a un juicio oral en una causa por soborno y cohecho, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó ayer una ampliación de la querella contra la minera, apostando a paralizar el entendimiento.

En el escrito -que ya fue proveído por el tribunal y remitido a la fiscalía-, el CDE suma al libelo original presentado en diciembre de 2016 a dos filiales de Soquimich, SQM Salar y SQM Nitratos, apuntándolas como partícipes del delito.

Además, el CDE pide una serie de diligencias con las que busca, junto con mantener abierta la investigación, demostrar que la empresa carecía de un sistema de prevención contra el delito de soborno, uno de los argumentos de la fiscalía para sellar el acuerdo con la minera de la cual es accionista Julio Ponce.

El Consejo de Defensa del Estado se ha opuesto tenazmente al acuerdo alcanzado entre el fiscal y SQM, el que consiste en la suspensión condicional del proceso previo pago de US$ 3,8 millones, entre otros considerandos para, en el plazo de un año, poder optar a un sobreseimiento definitivo.

La causa, que persigue la responsabilidad penal de SQM como persona jurídica por soborno se originó luego de que se detectara que el ex gerente general de la firma, Patricio Contesse, autorizó pagos a personas y fundaciones ligadas al ex senador Pablo Longueira por 719 millones de pesos. De acuerdo al CDE, Longueira promovió cambios a la Ley de Royalty Minero que permitieron a SQM y a sus filiales acogerse al régimen de invariabilidad tributaria, con lo cual se beneficiaron económicamente.

"El cúmulo de beneficios económicos o prebendas, entregados a Pablo Longueira y sus fundaciones, de manera sistemática, constante y permanente, lo condicionaron y lo determinaron para actuar en pos de los intereses de la empresa SQM y sus filiales, desde las funciones públicas que le correspondió desarrollar", dice la ampliación de la querella.

Pese a los cuestionamiento del CDE a la salida alternativa, la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público ha evacuado informes validando el acuerdo propuesto por Gómez, calificándolo como "ventajoso" y "adecuado".

El informe de esa unidad de la fiscalía enfatiza que "la salida alternativa resulta ventajosa en consideración a las dificultades de acreditación de alguno de los requisitos de aplicación de la Ley 20.393 y las severas condiciones acordadas", además de advertir una eventual prescripción de los delitos.

Audiencia clave

A la audiencia de hoy en el Octavo Juzgado de Garantía, en la que podría sellarse la suerte de la minera, tienen previsto asistir en representación del CDE la consejera María Inés Horwitz y los abogados Lupy Aguirre y Rodrigo Reyes.

Como querellante, el CDE se opondrá formalmente a una salida alternativa a un juicio y además expondrá que la ampliación de la querella y las diligencias solicitadas ameritan no cerrar la investigación.