"La corredora de Bolsa LarrainVial tuvo un rol fundamental en el desarrollo del conjunto de operaciones, haciendo factible el uso indebido de los mecanismos bursátiles, posibilitando la participación de Leonidas Vial". De esta forma respondió el Consejo de Defensa del Estado, órgano persecutor de los intereses del Fisco -en este caso, de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)-, al requerimiento de inaplicabilidad que interpusiera LarrainVial ante el Tribunal Constitucional, en el marco del denominado caso Cascadas.

En su presentación, el CDE sostuvo que la resolución de la SVS concluyó que "la actuación de LarrainVial y de sus ejecutivos Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, se alejó de la labor de intermediación, encargándose de desarrollar la participación de Vial durante 2009 del uso indebido de mecanismos bursátiles".

"¿Qué normalidad puede existir si el año 2009, un tercio de los montos intermediados por LarrainVial, es explicado por la intermediación de solo 3 acciones, (Calichera-A, Oro Blanco y Norte Grande), y donde al menos dos de ellas son títulos con baja liquidez?", criticó la entidad.

De hecho, el CDE acusó que "nadie podría creer que la SVS multó por 200 mil UF a una corredora, sólo por hacer su labor normal de intermediación y en títulos cuyo comportamiento fue normal, incluso con otras corredoras presentando una mayor participación en el corretaje de esos títulos". Advirtió además que "un tercio de los montos intermediados en renta variable por esa corredora son explicados por acciones de sociedades cascada".

El CDE también sostuvo en su respuesta que "al ser (LarrainVial) un agente y ministro de fe del mercado de valores, el estándar de ética exigible a la corredora es más alto que a cualquier otro actor". Pero su crítica más fuerte apuntó a que la compañía "tenía la completa visión de que con las operaciones Julio Ponce obtuvo utilidades por $16.000 millones en el marco de la serie de operaciones cuestionadas.

"La masividad de transacciones efectuadas mediante mecanismos engañosos y su reiteración y extensión en el tiempo, afectó el correcto funcionamiento del mercado de valores y, por lo tanto, la confianza y transparencia del mismo", remató la entidad presidida por María Eugenia Manaud.

Y agregó: "Esto, ya que, LarrainVial, no obstante de tener los antecedentes que le permitirían conocer que dichas operaciones no habrían tenido el objetivo de transferir la propiedad de valores, sino que únicamente dar la apariencia de ello".

La corredora ha seguido el camino que emprendiera primeramente Roberto Guzmán Lyon, abogado y brazo derecho de Julio Ponce. Esto, luego que el TC declarara inconstitucional el artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional del regulador del mercado de valores. Dicha normativa sirvió al órgano fiscalizador para fijar el monto de la multa.

Exorbitante

LarrainVial declinó dar su opinión sobre este escrito. Sin embargo, en su presentación la corredora advirtió que la suma de la totalidad de las multas aplicadas por la SVS desde 2004 a 2017 a corredoras supera el monto impuesto en su contra en relación al caso Cascada.

Otro de los argumentos vertidos en el TC radicó en que según LarrainVial, la multa aplicada en su contra vulnera los principios de legalidad y proporcionalidad. En esa línea reclamó que su función es en gran medida cumplir un rol de intermediación entre las partes.

Más claro aún. El cuestionado artículo -según LarrainVial- "vulnera el principio de legalidad contenido en el artículo 19 Nº3 de la Constitución al servir de base para la aplicación de una multa exorbitante sin que la norma cuestionada contenga criterios para determinar la sanción, parámetros para ponderarla ni límites objetivos determinados o determinables".