El Consejo de Defensa del Estado y el Banco de Chile alcanzaron un acuerdo a través del cual el CDE se desistió de la demanda presentada en contra de la entidad financiera el 11 de marzo pasado, ante el Distrito Sur de Florida en Estados Unidos. El acuerdo alcanzado contempla un pago por parte del Banco de Chile de US$2,25 millones, además del impuesto asociado a este pago de US$787.500.

En el acuerdo el Banco de Chile -entidad que no fue notificada de la demanda- niega los hechos imputados por el Consejo de Defensa del Estado y desconoce cualquier responsabilidad. El Banco de Chile sostiene en el acuerdo que no existe resolución dictada en un debido proceso que constituya evidencia de las conductas imputadas a dicha entidad financiera.

A través del juicio, el CDE pretendía obtener una compensación de parte del Banco de Chile por determinados fondos que habrían pertenecido al Gobierno de Chile y que, según el demandante, fueron indebidamente apropiados por parte de Augusto Pinochet.

La decisión del Banco de Chile se fundamenta en que no resultaría comprensible para la comunidad financiera internacional, desde el punto de vista legal y reputacional, que una disputa entre el Estado de Chile y una empresa bancaria chilena se someta a una jurisdicción extranjera.

Robert Bennett, abogado del Banco de Chile en Estados Unidos, sostuvo que el acuerdo se sustentó sólo en el deseo del Banco por evitar este litigio y resolver definitivamente cualquier otra pretensión del Consejo de Defensa del Estado en el caso Pinochet. "Consecuencialmente se evitan los costos de esta demanda, no obstante las defensas que el Banco pudo oponer, dado que los hechos imputados no configuraban una violación al Estatuto RICO de Estados Unidos, que prohíbe y sanciona las asociaciones ilícitas destinadas a delinquir", indicó Bennett.

En esta decisión se consideró además que la defensa del Banco de Chile en los asuntos jurídicos relacionados con Augusto Pinochet en Estados Unidos -país en el cual actualmente no mantiene oficinas o sucursales- ya involucró costos legales importantes, entre ellos, gastos de abogados, auditores y proceso de remediación.

El acuerdo consignó además la renuncia del CDE de cualquier otra pretensión respecto del Banco de Chile y sus vinculados en el caso Pinochet.