La Fundación Defendamos la Ciudad, en conjunto con la Unión de Juntas de Vecinos de Providencia, dieron a conocer este lunes el inicio de acciones legales, por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en contra de la Municipalidad de Providencia, por haber otorgado un permiso para construir un edificio en la zona típica del barrio Dalmacia de esa comuna y contra la inmobiliaria Socovil, empresa a cargo del proyecto.

Así lo explicó el presidente del organismo ciudadano Patricio Herman, quien aseveró que "en nuestro rol fiscalizador dimos a conocer todos los documentos que respaldan la acción judicial que va a entablar el CDE, contra la municipalidad de Providencia y contra la empresa inmobiliaria que construyó un edificio en una zona típica o pintoresca, es decir en una zona protegida patrimonialmente por la institucionalidad".

Según explicó el dirigente, el barrio Dalmacia abarca el cuadrante de las calles Miguel Claro y Manuel Montt, Santa Isabel y Emilio Delporte, zona que fue establecida como patrimonial por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), por lo tanto, aseveró que la construcción de esta estructura, "está al margen de la ley", porque pasó a llevar una determinación de dicha entidad.

En este sentido, Herman, dijo que "es muy necesario conocer los resultados de esta investigación, porque de una u otra forma, tenemos que ir terminando con estos tipos de comportamientos de ciertas autoridades que sobrepasan o tienden a sobrepasar el ordenamiento jurídico vigente".

Asimismo, detalló que este es un proceso que comenzó el pasado 16 de agosto, cuando con el diputado Felipe Harboe (PPD) en su calidad de presidente de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Cámara Baja, se reunieron con el presidente del CDE, el abogado Carlos Mackenney, para pedir esta investigación, la que según señaló comenzará a la brevedad y que espera que termine con el derrumbe del edificio, el que está casi terminado.

Junto a las acciones legales, Herman sostuvo que "le pedimos al diputado que se conforme una Comisión Investigadora en la Cámara, para determinar las responsabilidades administrativas que le caben a los funcionarios públicos que no actuaron apegados a la ley en forma oportuna, porque el edificio está prácticamente terminado".