La querella que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó la semana pasada en contra del diputado Maximiano Errázuriz no sólo se refería a los cuestionados arriendos de sus sedes parlamentarias. En el escrito, el organismo  también deslizó que hay irregularidades en los pagos por asesorías al renunciado militante de RN.

En ese contexto, el CDE pidió como diligencia que se pida un informe de los gastos en asesores parlamentarios de Errázuriz. Según la página web de la Cámara, el diputado tiene 13 asesores, entre secretarias y profesionales. A ellos se les paga un total mensual de más de $ 3 millones. De hecho, se solicitó que se interrogue a la esposa de Errázuriz, la abogada Mónica Jottar, quien figura entre sus asesores.

Hasta ahora, la investigación a cargo del fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbott, estaba centrada en los arriendos de sedes distritales del diputado.

Según el propio testimonio de Errázuriz, él simuló dos contratos de arriendo con dos empleadas suyas, quienes ya declararon en la causa. Ambas mujeres, según quienes han tenido acceso a la información, señalaron que no habían suscrito ningún convenio.

El CDE, sin embargo, también pidió citar a los dueños de los dos inmuebles que aparecen como sedes del parlamentario: el abogado Karim Almizry, de la oficina en calle Huérfanos, y Julio Triviño, de la casa en Puente Alto.