El robo a una vivienda, ocurrido en 2008, mantenía a Carlos Vargas Castillo (24) privado de libertad y bajo la estricta custodia de Gendarmería. Pese a la vigilancia directa con que contaba el sospechoso, el 16 de octubre de 2012 escapó del Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, en la comuna de Recoleta.

A más de un año de ese episodio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió querellarse contra el gendarme Jaime Sepúlveda Pinilla, quien estuvo a cargo de la custodia del imputado. ¿La razón? El vigilante habría recibido el pago de $ 60 mil por no colocar los grilletes al detenido y, supuestamente, facilitar su escape del recinto.

Según la acción legal, a las 18.50 del 16 de octubre, el funcionario alertó de la fuga de Vargas Castillo, quien permanecía detenido en el sector siete del centro psiquiátrico. Sin embargo, las dudas en torno al caso siguieron latentes, por lo que se inició un sumario administrativo.

RECAPTURA Y DECLARACIÓN

Tras la recaptura del sospechoso por parte de la policía, expuso en su declaración "que el día de los hechos, previo concierto con el gendarme Jaime Sepúlveda Pinilla y al pago de la suma de $ 60.000 (de éste a aquél), no le colocó durante el día las medidas de seguridad (grilletes)", dice la querella.

El libelo añade que gracias a este actuar, durante el partido de fútbol que enfrentó a la Selección chilena con el combinado de Argentina, "luego de que Sepúlveda le hubiese indicado dónde estaban las llaves para salir del hospital, las retiró de la oficina de los paramédicos, lo que le permitió salir a la calle".

En el mismo documento de siete páginas, el gendarme aludido entrega su versión de los hechos: "Declara, en síntesis, que durante la tarde, y a consecuencia de un sangramiento de nariz, tuvo que ausentarse del lugar donde custodiaba al imputado, para ir al baño, lo que no fue más de un minuto, pero que permitió la fuga del interno".

Según el CDE, la actuación del gendarme se enmarca en el delito de cohecho, ilícito por el cual, de ser condenado, arriesga una pena que va desde los 541 días hasta los tres años y un día de prisión. Otro delito que invoca el organismo del Estado es la "evasión de detenido", lo cual aumentaría una eventual sanción.

Al respecto, el vocero de Gendarmería, coronel Christian Alveal, dijo que "para nosotros es impresentable e intolerable que a un funcionario se le determine algún grado de corrupción".

El oficial penitenciario agregó que por este caso "hubo un sumario administrativo que se instruyó, terminó con una sanción de multa en contra del funcionario, donde no se establece una falta relacionada con la probidad administrativa. Si fuese así, hubiese sido dado de baja". La indagatoria administrativa detectó, según el coronel Alveal, "un error de procedimiento, y por esa razón es sancionado con una medida disciplinaria, en este caso puntual de un 5% de multa". Tras la querella, la indagatoria quedó en manos del Ministerio Público.