Otro cariz tomó la denuncia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por irregularidades cometidas por el funcionario Christian Bustos, en la tramitación de la concesión Américo Vespucio Oriente (AVO). Ahora fue el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el que se querelló contra Bustos por negociación incompatible en el que habría incurrido el trabajador del Servicio al actuar como asesor particular de la empresa concesionaria y, al mismo tiempo, como funcionario público en la evaluación del proyecto en el SEA metropolitano. La acción legal apunta además contra "todos aquellos que resulten responsables".
En la querella del 12 de mayo, presentada en la misma causa que desde agosto del año pasado investiga la fiscal de la zona Centro Norte, Ximena Chong, el CDE- representando al SEA- explica que Bustos ingresó como funcionario a contrata el 9 de abril de 2012, "y en su calidad de ingeniero civil en geografía, era el especialista en temas de aire, modelación de escenarios atmosféricos". Fue bajo ese cargo que a Bustos le correspondía prestar apoyo técnico en la evaluación del proyecto AVO en el tramo de avenida El Salto y Príncipe de Gales.
"Según se logró establecer durante la tramitación del sumario administrativo (...) el ingeniero Bustos Cancino, no obstante tener la calidad de funcionario público en el Departamento de Soporte Estratégico, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, efectuó labores de asesoría y elaboró informes para la Consultora Ernest & Young (EY) respecto a materias de modelación de escenarios atmosféricos, a través de la empresa Geoingeniería; estas asesorías se relacionaron con dos proyectos que dada su naturaleza, debían ser conocidos por el SEA".
La firma a cargo del proyecto AVO es la Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente S.A., la que a su vez contrató a la firma APIA Subterra Limitada para que realizara su Estudio de Impacto Ambiental. Fue APIA la que subcontrató a EY para que desarrollara el estudio, lo que incluía el inventario y modelación de emisiones. Es en este último ítem donde Bustos era experto. Por ello, EY contrató a Geoingeniería para que preparara la modelación de gases que sería incluida en el Estudio de Impacto Ambiental. Bustos trabajaba para Geoingeniería -junto a Carolina Giancamán- al mismo tiempo que funcionario del SEA.
"Bustos solicitó en reiteradas oportunidades a un empleado de la consultora Ernest & Young, información base requerida para la confección de modelaciones de Calidad de Aire para el estudio de impacto ambiental del proyecto AVO. Esta información junto a la que él disponía por su cargo y funciones, fue utilizada por el empleado público para elaborar un documento que contenía los requerimientos de información exigidos por el SEA participando así, en la modelación de Calidad de Aire (...) sabiendo que dicho documento ingresaría a futuro al SEIA en el contexto del proyecto AVO y que a él le correspondería intervenir en su calidad de experto representando a la entidad pública", dice la querella.
La tramitación de AVO estuvo paralizada por estos hechos. Sin embargo, la empresa pidió reactivar el proceso, lo que fue acogido, y ya entregaron la segunda adenda de observaciones. Hasta ahora, Conaf, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección General de Aguas están conformes.
Pero no sería el único caso de negociación incompatible en el que Bustos estaría involucrado. Se trata de la tramitación del proyecto Explotación mineral de hierro Don Eduardo, ubicado en Chañaral, Atacama, controlado por la Compañía Minera San Francisco. El proyecto, de una inversión de US$ 15 millones, fue aprobado en agosto de 2015.
En este caso, según la querella, Bustos solicitó a EY información para confeccionar la modelación del aire del proyecto Don Eduardo, informe que fue realizado por su empresa, Geoingeniería, y él mismo habría recibido las facturas, según la querella.
Contactado el representante del proyecto Don Eduardo, Jorge Muxi, dijo que ellos contrataron directamente a EY para realizar la Declaración de Impacto Ambiental, y que no conoce a Bustos.
