La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es una iniciativa clave para la entrega de recursos adicionales a los establecimientos que atienden a alumnos vulnerables. Sin embargo, no todos estos fondos se habrían usado para los fines a los cuales estaban destinados.

A través de un requerimiento presentado por La Tercera mediante Ley de Transparencia, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) hizo un recuento de las causas penales en las que se ha querellado -y que actualmente investiga la fiscalía- desde la creación de la Ley SEP, en 2008, por delitos relacionados al uso indebido de recursos otorgados por esta norma a las municipalidades del país.

De acuerdo al CDE, las querellas interpuestas desde 2010 contra quienes resulten responsables por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y/o aplicación pública diferente ascienden a 24. Sin embargo, siete de éstas fueron cerradas (por sobreseimiento definitivo y decisión de no perseverar), sin que se llegara a una condena, y otras 17 continúan vigentes y están siendo investigadas por el Ministerio Público, por montos que totalizan $ 16.299.222.423 (ver infografía).

Sobre estas querellas, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, sostuvo que "el CDE, como organismo autónomo, evalúa el mérito de cada causa en que se hace parte y, existiendo ese mérito, interpone las querellas correspondientes. Esta es parte fundamental de nuestra labor y la ejercemos con total independencia".

CAUSAS

Según la norma SEP, los recursos deben destinarse "a la implementación de las medidas comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en los alumnos prioritarios, e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con bajo rendimiento académico".

Sin embargo, de acuerdo a las acciones legales, los montos presuntamente desviados en 17 municipios se habrían destinado a pagar sueldos y locaciones, servicios distintos a los que según la ley deben dirigirse las platas que se entregan para Subvención Escolar Preferencial.

En el caso de la Corporación Municipal de Valparaíso, según el requerimiento legal, se usaron $ 1.300 millones "en gastos no relacionados con esa subvención". Estos montos habrían sido ocupados en el pago del arriendo del Teatro Condell, además de gastos por la reparación de establecimientos educacionales en elecciones presidenciales. Al respecto, el jefe de Educación de la municipalidad, Gustavo Mortera, dijo que "lo ocurrido el 2010 fue que esos recursos fueron destinados a pagos de carácter provisional de profesores. El Mineduc nos manda $ 1.000 millones mensuales y los sueldos de nuestros profesores son $ 1.500 millones mensuales. Entonces, el gerente de la época se vio sin plata para los sueldos de ellos y sacó platas SEP para pagarles".

También se presentó una querella por la presunta aplicación diferente de $ 1.400 millones de fondos de la Ley SEP por parte del municipio de La Serena. "Habiendo reconocido la corporación municipal que hizo uso de fondos de la Ley SEP en el pago de remuneraciones (...), procede concluir que el desvío de fondos a otros fines, distintos para los cuales fueron transferidos, reviste caracteres de delito", dice el escrito.

Asimismo, según los textos legales presentados por el CDE, en la Municipalidad de Buin "$ 73 millones fueron destinados por la corporación a fines distintos a los señalados por la ley. Más aún, tampoco se ha acreditado que hayan sido utilizados para otro fin público (de acuerdo a un informe de Contraloría, se destinaron a pagos de consultorías, auditorías y automotoras)".

También, en Caldera, "durante el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2011, se comprobó la existencia de diversas irregularidades penalmente relevantes", señala el CDE. Entre ellas, un "faltante de fondos provenientes de la Ley SEP por la suma de $ 67 millones".

Este diario logró contactarse con 14 de las 17 municipalidades involucradas en estos hechos (a excepción de los municipios de Ovalle, Los Andes y Las Cabras), de las cuales siete entregaron una versión. Los municipios de San Bernardo, Conchalí, La Serena y La Florida informaron que sus actuales administraciones interpusieron acciones legales en contra de las anteriores autoridades de la administración municipal. En tanto, San Ramón indicó que se tomarán las medidas para que se esclarezcan las responsabilidades de la administración anterior, a través de un sumario.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Christian Vittori, sostuvo que "muchos de los municipios que están requeridos por el CDE lo están porque destinaron parte de esta plata a gasto operacional y no a mejoras educativas, lo que tiene que ver, en parte, con desconocimiento (por parte de los funcionarios)".

INVESTIGACIÓN

La directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, explicó que "para efectos de saber si esta plata se utilizó o se utilizó mal, hay que revisar toda la contabilidad de la municipalidad en todos los ámbitos. Es un trabajo sumamente complejo, sobre todo para los bajos recursos con que cuenta la fiscalía para hacerse cargo de este tipo de investigación".

Además, consultada la Fiscalía Nacional de por qué en ciertas causas no se han presentado cargos contra nadie y no hay aún formalizaciones, tomando en cuenta que algunas indagaciones comenzaron hace cuatro años, se indicó que se debe a la dificultad de acreditar este tipo de ilícitos. "Es muy difícil que pueda acreditarse que esa destinación (de fondos de uso indebido) se hizo de forma arbitraria e injustificada", dijo Herrera, quien agregó que eso se suma a la cantidad de antecedentes que se deben examinar.