"Este reajuste les pesará, el próximo año se acordarán de nosotros". Con estas palabras, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, avisaba al gobierno, hace menos de una semana, sobre las consecuencias que tendría la polémica aprobación del reajuste salarial de 3,2% del sector público.
Advertencia que si bien para la mayoría hacía alusión a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre del próximo año, podría materializarse varios meses antes, cuando en abril se realice un nuevo Censo de Población y Vivienda.
La medición que prepara el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) requerirá cerca de 450 mil voluntarios para su ejecución. A la fecha, según cifras del ministerio de Economía, los inscritos para realizar esa labor alcanzan las 27 mil personas, por lo que el Ejecutivo cuenta con la participación del sector público. Esto considerando que según el Decreto Ley 104 publicado el 26 de noviembre de 2015, "los organismos de la Administración Pública (...), estarán obligados a facilitar al INE toda la colaboración y ayuda que la ley y sus reglamentos orgánicos les permitan".
Pese a ello, desde el mundo sindical adelantan que las negociaciones sobre este punto no serán sencillas, ya que existe un fuerte rechazo a la idea de ser "obligados" a participar, más aún en el contexto de las heridas abiertas que dejó la última negociación salarial con el Ejecutivo, marcadas por la paralización de dos semanas que realizaron los trabajadores del Estado en demanda de mejoras salariales.
Bonos
En este sentido, desde la Anef comentan que durante una reunión con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se les planteó la intención del gobierno de asociar la participación de los funcionarios públicos en el Censo a los bonos que se entregan en el sector público como parte de los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC). Esta idea no cayó bien dentro de los dirigentes, que cuestionan que se vincule la participación de los funcionarios en el Censo a sus ingresos por desempeño. Esto más allá de que todos los voluntarios recibirán una bonificación especial que estaría entre los $ 15 mil y $ 20 mil.
"Le hicimos ver al ministro de Economía que eso no era legal, por cuanto los objetivos que hay dentro de cada servicio son específicos para ellos, y no para una meta a nivel general como es el Censo. Al parecer este gobierno se ha acostumbrado a imponer más que a buscar colaboración", manifestó Raúl De la Puente.
Asimismo, reconoció que las negociaciones se darán en un nuevo escenario, tras el fracaso de la última negociación salarial. "Ahora vamos a ver cómo vamos a tomar esto (Censo), ya que los funcionarios públicos quedamos muy resentidos con el golpe que nos propinó el gobierno con el reajuste. Sin duda que el bochornoso acto del gobierno la semana pasada afecta el entusiasmo y la colaboración en este sentido", advirtió el líder sindical.
Cabe destacar que las negociaciones futuras en esta línea deberán realizarse con la nueva directiva de la Anef, que celebrará sus elecciones a comienzos de diciembre. En este sentido, José Pérez, candidato a liderar la agrupación, reconoce que si bien "nuestro mandato es sentarnos a la mesa con la autoridad a dialogar, no se puede negar que las personas están con ciertas aprensiones y también con algún tipo de rechazo", sobre lo que viene.
Asimismo, Juan Apablaza, también candidato a la presidencia de la Anef, anticipa que efectivamente "los funcionarios públicos podrían demostrar su descontento con el gobierno a través de su participación en el Censo", agregando que "no se pega el combo y después se dialoga".
Con todo, desde el ministerio de Economía adelantan su disposición a no vincular la participación en el Censo a los CDC y son optimistas respecto de la disposición de los funcionarios. "Nos han manifestado que entienden que el Censo 2017 es una tarea relevante para el país; para su realización estamos apelando al sentido cívico y republicano de todos los actores de la sociedad", afirmó el ministro Céspedes.
El titular de la cartera añadió que "ya se han inscrito voluntariamente 27.000 personas y a ello se debe sumar los funcionarios de las reparticiones públicas donde se incluyen desde los Ministros de Estado hacia el resto de la planta. De hecho, recientemente el director de Sercotec, Bernardo Troncoso, se inscribió voluntariamente y esperamos que el resto siga su ejemplo".
