La creación del nuevo Fondo Solidario de Elección de Vivienda, en 2012, fue una medida celebrada durante la administración anterior. Pretendía que un número amplio de familias en estado de vulnerabilidad accedieran a un subsidio, sin requerir un proyecto habitacional asociado para la postulación, como era la obligación hasta ese momento.

En poco más de dos años se entregaron más de 76 mil ayudas de este fondo, de las cuales el 46,8% (35.652) correspondían  a la modalidad sin proyecto. Pero la factibilidad de conseguir una solución habitacional no resultó ser tan simple: en la actualidad aún existen 20.807 subsidios que no han podido hacerse efectivos al carecer de una construcción asociada. De ellos, cerca de cuatro mil corren riesgo de caducar este año (ver infografía).

"Efectivamente todos estos subsidios tienen fecha de término, 2014, 2015 y 2016, pero estamos buscando fórmulas para evitar que expiren", explica el subsecretario de Vivienda, Jaime Romero.

El beneficio, que contempla la entrega de hasta 700 UF (unos $ 16,8 millones), tiene una vigencia de hasta 21 meses, prorrogables por otros 18 meses, en caso de contar con algún grado de avance, como por ejemplo un terreno disponible.

"Lo que hemos hecho  cuando el proyecto ya existe o hemos logrado localizar un terreno, es prorrogar el subsidio", comenta la  ministra de la cartera, Paulina Saball. "Estamos trabajando  con aquellos grupos que cuentan con estos subsidios para que ninguna familia se quede sin su vivienda definitiva", agrega.

La ministra añade que actualmente todos los Serviu están realizando un levantamiento de las familias en esa situación, para definir con ellos y con los municipios una estrategia para lograr construir una vivienda.

"Estamos gestionando suelos públicos para habilitar más proyectos en distintas comunas y en otros casos, el Serviu gestionará proyectos, suelos y soluciones habitacionales donde el mercado no ha podido hacerse cargo", detalla el subsecretario Romero.

Asimismo, explica que en estos casos el Serviu actúa de manera directa con los menos intermediarios posibles. "Los vamos a dotar de todos los instrumentos legales de manera que puedan contratar directamente", dice.

Según la autoridad, materializar estos subsidios con proyectos pendientes tiene un costo cercano a los $ 288 mil millones.

NUEVAS DEFINICIONES

Según Romero, en los seis meses de gobierno han logrado gestionar soluciones para unos 305 grupos de familias. No obstante, este tipo de beneficios tendrían fecha de término. "La modalidad subsidio sin proyecto no es una prioridad, no representa un buena política pública y es un instrumento que vamos a reducir progresivamente. Estamos buscando entregar todos los subsidios, asociados a proyecto", dice.

Algo que el ex subsecretario de la administración anterior, Francisco Irarrázaval, lamenta. "En la historia de Chile siempre las familias vulnerables han podido postular al Ministerio de Vivienda directamente sin necesidad que intermedie una EGIS (Entidad de Gestión Inmobiliaria Social) o de tener un proyecto aprobado. El objetivo era levantar esa condición porque así no puedes atender a todas las familias por igual", dice.

Opina también que los subsidios sin proyectos "es una modalidad que funciona perfectamente. El que el Serviu haga los proyectos funcionó para la reconstrucción después del terremoto en 2010 y se está haciendo ahora para el caso de Valparaíso", afirma.

Para el presidente del Consejo para el Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, esta modalidad de subsidios es errada. "Entregar subsidios que no tienen garantías de materialización en proyectos de viviendas es una política errada sobre todo si está dirigida a los sectores vulnerables que no tienen capacidad de forma individual de acceder al mercado", sostiene.