Ocho años después de que se inició la desmovilización de los paramilitares de derecha en Colombia no hay consenso sobre las cifras.

Por eso, no está claro cuántos hombres y mujeres dejaron las armas, cuántos reincidieron y cuántos se hicieron pasar por combatientes para recibir beneficios económicos.

El debate ocurre en momentos en que se han denunciado falsas desmovilizaciones de paramilitares e incluso de guerrilleros, y cuando la justicia comienza a investigar esos hechos, por los cuales ya fue citado a indagatoria Luis Carlos Restrepo, el ex Comisionado de Paz que diseñó el proceso con el ex presidente Álvaro Uribe.

El Alto Consejero Presidencial para la Reintegración, Alejandro Eder, le dice a BBC Mundo que hasta la fecha se han desmovilizado 52.000 personas, de las cuales casi 32.000 formaban parte de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Entre los exparamilitares, señala Eder, "3.500 han vuelto a delinquir, otros 3.000 han sido capturados y 3.000 más han muerto".

Según el funcionario, la tasa de reincidencia en delitos entre los desmovilizados colombianos es baja en comparación con la del "Estado de California, que es del 60% o la de España, que es casi del 50%".

Recientemente, el congreso colombiano aprobó una ley para sacar del "limbo" jurídico a muchos ex paramilitares que se desmovilizaron, pero cuya situación judicial no se había podido resolver, porque no se postularon a otra ley que reduce las penas para los delitos atroces.

Y FINALMENTE ¿CUANTOS?
Sin embargo, tampoco es clara la cifra de los beneficiarios de la nueva ley, que impedirá que miles de personas vayan a la cárcel, si confiesan delitos como concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes e insignias o porte ilegal de armas.

Eder le asegura a BBC Mundo que los beneficiarios de esa ley serán "unas 25.000 personas, todas ellas ex paramilitares".

Pero Michael Reed, director en Colombia del Instituto para la Justicia Transicional, una organización basada en Estados Unidos, responde que las cuentas no cuadran.

"No entendemos de dónde salen las cifras del gobierno", declara Reed a BBC Mundo.

"Se desmovilizaron algo más 31.000 paramilitares, de los cuales 11.000 fueron procesados y resolvieron su situación jurídica. Hay que excluir a los casi 4.000 que se postularon a la ley de justicia y paz -que reduce las penas de delitos atroces- y así quedaría un residuo de unas 17.000 personas", explica.

Y ese universo de personas es el que hay que "purgar y depurar, sacarle los muertos, los que fueron obligados a desmovilizarse y los reincidentes, para quedarnos con los que finalmente cumplen los requisitos para no ser encarcelados", agrega el experto.

Reed critica que la nueva ley prohíba expresamente que las confesiones de una persona sirvan para investigar las conductas de otras. "Si esas personas se metieron a un grupo que cometía homicidios y desplazaba, tienen otros delitos por los cuales deberían ser procesados. Se trata de un mecanismo poco claro y transparente, abiertamente inconstitucional", afirma.

Y añade que "los perpetradores no son quienes tienen la verdad y esta surge de la contrastación que haga la justicia".

LOS OTROS DELITOS
"¿Qué pasa si esos perpetradores confiesan delitos más graves, o nexos de los paramilitares con políticos comandantes militares? Eso tiene que ser judicializado. De lo contrario, sería un mecanismo de encubrimiento del delito", considera Reed.

Pero el consejero Eder responde que "no podemos montar un sistema de autoincriminacion y meter a la cárcel a miles de personas, porque eso no es factible y le cerraríamos la puerta a la paz".

Para él, a lo largo de estos años se ha avanzado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Eder cree que el proceso de desmovilización, en el que el gobierno colombiano invierte unos US$3.500 por persona al año, "ha sido bastante exitoso".

Sin embargo, Reed toma distancia y dice que hay que aplaudir que el proceso haya sacado gente de la guerra, pero pide que se valore "con matices".

"El nivel de rearme de los ex paramilitares es muy elevado y la ley de justicia y paz ha sido deficiente. Apenas se han producido dos condenas, que están en apelación, y otra fue anulada", concluye Reed.