Esta tarde el ministro vocero de gobierno, Andrés Chadwick, aseveró que La Moneda apelará a la transparencia y a la acción de la justicia, en el marco de la investigación que se realiza por el posible fraude en la compra de equipos antidrogas.

"Tenemos muy clara la actitud del gobierno: si se descubre una persona que tenga la intanción de utilizar incorrectamente los recursos del país, si esa persona ha intentado eso aun cuando no se ha llevado un peso, nosotros lo vamos a perseguir judicialmente".

Calificó la posibilidad de un fraude al Estado como "algo que no vamos a permitir como gobierno", y destacó que "en el gobierno podemos meter las patas, pero el que intente meter las manos, terminará tras las rejas".

"Ha ocurrido un hecho del cual nosotros nos sentimos profundamente defraudados. Cuando dentro de una repartición pública, se llama a una licitación y se determina que en esa licitación, pueden haber hechos de carácter irregular, o que pueden ser de caracter delictual. Nos sentimos defraudados de que personas que trabajen o que tengan vínculos con nuestro gobierno se puedan prestar o se hayan prestado para una intención de fraudar al fisco. Disponemos de todos los controles internos, pero hay situaciones que lamentablemente los elementos van más allá o logran superar los controles internos", afirmó.

Por ello, resaltó que, "si se descubre una persona que pueda tener la intención de defraudar al fisco y utilizar incorrectamente los recursos de todos los chilenos, sea quien sea, esté donde esté" serán llevados a la justicia. 

"A nuestro juicio, los procesos de licitación pública se debe ser extraordinariamente celosos y procurar hasta el último minuto los recursos públicos. Por eso, cuando llega el momento en que se producen eventuales situaciones de sospecha, o antecedentes que llevan a esas eventuales sospechas, llegó el momento en que las explicaciones se den ante el ministerio público y los tribunales de justicia", agregó.

Consultado si el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla debiera presentar su renuncia, tal como lo hizo el subsecretario de minería Pablo Wagner tras la fallida licitación del litio, el ministro dijo que no, debido que ambos casos no son comparables. Esto debido que las responsabilidades del caso recaían en el jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior, el ex fiscal Alejandro Peña.