En agosto del año pasado, efectivos de la PDI detectaron que la narcotraficante de origen boliviano, Magaly Cueto, estaba montando un “negocio” para vender droga en una población del sector sur de Santiago. La mujer, ex pareja del fallecido líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, estaba clandestina en Chile. Esto, porque en la década de los 90 ya había sido sorprendida traficando y había sido condenada a la expulsión del territorio nacional.
Son más de mil casos como este los que, anualmente, tramita el Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI, unidad encargada de gestionar las acciones legales correspondientes a los extranjeros en Chile. Este organismo elaboró un informe estadístico con las órdenes de expulsión que efectivamente han ejecutado en los últimos tres años. Las cifras revelan un aumento sostenido, ya que entre 2012 y 2014 se produjo un incremento del 32,7% de los foráneos sacados del territorio nacional. Mientras que en el primer año se registraron 1.021 deportaciones, en 2014 la cifra aumentó a 1.355.
La suma de la PDI revela, además, que en 2015 podría aumentar la tendencia. Esto, porque hasta el 30 de septiembre los extranjeros expulsados ya llegaban a 969. El listado lo lideran los bolivianos (485), seguido por los colombianos (186) y los peruanos (165).
Entre los principales motivos que generaron esta medida está el ingreso ilegal al país y exceder el plazo de turismo (ver infografía). De todas formas, los foráneos que fueron deportados en 2014 representan sólo el 0,2% de los más de 477 mil extranjeros que residenten en el territorio nacional.
El subcomisario Roderik Sandoval, de Policía Internacional, explicó que uno de los factores que ha tenido importante incidencia en el alza es la entrada en vigencia de la ley que permite aplicar penas alternativas a la prisión. Esta legislación, vigente desde mediados de 2012 y creada tras el incendio a la cárcel de San Miguel, que dejó 81 reos fallecidos, permite que a los extranjeros se le permute la condena con la expulsión del país. Los jueces, poco a poco, se han ido atreviendo a aplicar esta medida. Mientras que en 2013 se expulsaron a 122 extranjeros por esta vía, en 2014 la cifra subió a 299.
Escoltados
Sandoval indicó que, cuando la expulsión se decreta por una autoridad judicial, “debemos tener la certeza de que existe una sentencia ejecutoriada que dispone la expulsión del territorio nacional de un extranjero. Una vez con eso, el Ministerio del Interior coordina con Gendarmería la fecha de retiro del recinto penal del extranjero condenado”.
Las expulsiones administrativas, dictadas por Interior, se justifican en motivos que van desde ingresos ilegales hasta personas que fomenten “doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno”, según el Reglamento de Extranjería. En estos casos, explicó el detective, se le debe notificar al extranjero la resolución, para que pueda presentar sus reparos. Si no hay resultados positivos, la PDI lo detiene y, en un plazo máximo de 24 horas debe estar arriba de un avión que lo lleve a su país de origen. “Se adquiere el pasaje para las escoltas policiales y el extranjero. Hay una coordinación también con las áreas de seguridad de las líneas aéreas, que ponen sus requerimientos, como es que haya dos oficiales escolta acompañando a la persona”, señaló el subcomisario, quien agregó que, a diferencia de lo que se ve en algunas películas “la persona no tiene que ir esposada”.
Los datos de Interior
El Ministerio del Interior, a través del Departamento de Extranjería, evalúa la situación de los extranjeros en Chile, incluyendo el asentamiento y la expulsión. Las estadísticas entregadas por esta repartición indican que en 2012 se firmaron 2.620 decretos de expulsión administrativos. Al año siguiente la cifra disminuyó levemente, alcanzando 2.492, y en 2014 experimentó un incremento, llegando a 3.167 resoluciones.
Cerca de la mitad de estos decretos llegan a ser concretados por la PDI. El principal motivo, indican en la policía y en el gobierno, se debe a la dificultad que tienen los detectives para dar con la ubicación de estas personas.
Las cifras de Interior también señalan que entre 2012 y el 30 de agosto de este año han sido deportadas 5.107 extranjeros que ingresaron de forma clandestina al país. En dicho período, la misma suerte tuvieron 2.622 personas que fueron condenados por tráfico de droga y delitos asociados.
