Los chilenos no tienen dudas. Cuando se les pregunta si el cambio climático es un fenómeno que está ocurriendo, un 84% dice que sí, según un sondeo del Ministerio del Medio Ambiente. El consenso es también a nivel mundial, de hecho hoy entrará en vigor el mayor acuerdo climático del planeta, tras la cumbre que se realizó en París el año pasado.

Pero ¿qué hace hoy el país para enfrentar la realidad del calentamiento global? A nivel estatal, Chile tiene desde 2014 un instrumento denominado Plan de Adaptación (PAN), que contiene 27 acciones que deben ejecutarse al 2019. De éstas 7 están sin implementar, 1 está terminada y 19 están en pleno desarrollo, según un reporte con un balance del Ministerio de Medio Ambiente sobre este plan.

Las medidas van desde la conformación de un Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático, creado en 2015, hasta la definición de escenarios climáticos para la adaptación de los planes sectoriales.

Hasta agosto pasado, el monto total invertido en el PAN suma $26.500 millones, cifra que contempla el gasto del plan nacional más los planes sectoriales de adaptación. A ello se suma la investigación científica vía Conicyt, que en 2015 destinó más de 13 mil millones de pesos (50% del financiamiento) a estudios en el área.

"El 90% de ello de presupuesto fiscal y el resto de financiamiento internacional. Es una cifra importante, que da cuenta del interés y la necesidad de investigar sobre la vulnerabilidad del país frente al cambio climático así como de las opciones y estrategias de adaptación a sus impactos esperados, lo que ha ido en un aumento progresivo en los últimos años", dice Pablo Badenier, ministro del Medio Ambiente.

Por implementar

El Plan de Adaptación nace del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012 (PANCC), que estipuló que debía elaborarse un plan nacional de adaptación y planes sectoriales para sectores priorizados de importancia para el país.

"A la fecha, se han aprobado los planes sectoriales silvoagropecuario, biodiversidad, pesca y acuicultura, y está por aprobarse el plan de salud. Además, actualmente se encuentran en elaboración los planes de infraestructura, ciudades, recursos hídricos, energía y turismo, cada uno con su grado particular de avance", agrega Badenier.

Todos estos planes están contenidos en el PANCC, política general de cambio climático para el país, que ahora se está actualizando para el período 2017-2022.

El primer balance del este plan global, arrojó, entre otros resultados, que tardó en implementarse y no contó con el presupuesto necesario. "Una de las lecciones aprendidas, y que ha sido recogida en la actualización del PANCC, es que se requiere fortalecer la institucionalidad sectorial y de los gobiernos locales, y que los sectores e instituciones relacionadas se involucren desde el inicio en la planificación de las acciones y medidas", señala el ministro.

Paola Vasconi, coordinadora de Asuntos Políticos de la ONG Adapt-Chile, explica que una de las deudas del Plan de Adaptación es su implementación territorial. Hasta ahora la mirada, asegura, ha sido nacional y sectorial, pero faltan las incorporación de las regiones. "Desde que está en vigencia desde 2014 hasta hoy, todavía en el país no se ha constituido ningún comité regional de cambio climático", dice Vasconi.

Para la ONG esta es una señal de que no hay voluntad política de las regiones o la existencia de otro tipo de problemas por parte de los intendentes para convocar a estos comités.

"Estos comités hacen operativas las medidas del plan de adaptación en el territorio, que es finalmente donde se ven los impactos. Creo que los gobiernos regionales y los municipios tienen que empezar a mirar estos temas con urgencia", agrega la experta.

A juicio de la ONG, hasta ahora el tema, en especial en las comunas con sequía, se aborda desde la contingencia, en vez de la planificación y las acciones preventivas.

Adapt-Chile hoy trabaja junto al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), en un estudio para el Ministerio del Medio Ambiente que está enfocado en hacer una análisis del marco legal para adaptación al cambio climático en los gobiernos locales y municipales, lo que ayudará a conocer los obstáculos para implementar el plan y a la vez proponer mejoras institucionales.

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