Un discurso de cuatro páginas leyó ayer la embajadora de Chile ante la ONU, Marta Maurás, en la sesión número 26 del Consejo de DD.HH., que se realizó en Ginebra.

En el marco del Examen Periódico Universal, la representante oficializó la postura que adoptará el gobierno frente a las demandas de los pueblos originarios, reiterando la decisión de La Moneda de no recurrir a la Ley Antiterrorista.

"Afirmamos el compromiso del gobierno a la no aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros de los pueblos indígenas por actos de demanda social. Esta ley está siendo sometida a estudio, con miras a una revisión, a la luz de los estándares internacionales", informó Maurás durante su intervención.

Sin embargo, no especificó qué tipo de acciones entiende el gobierno por "actos de demanda social" ni hizo referencia a los distintos hechos de violencia que ocurren en La Araucanía.

La evaluación que La Moneda está realizando respecto de esta ley incluye las recomendaciones entregadas, entre otros, por EE.UU. y Suiza, que apuntan a precisar la definición de un delito terrorista y a evitar su aplicación en casos que vinculen a la comunidad mapuche. Esto, según sugirió el gobierno de Barack Obama, en el caso de juicios relacionados con reclamaciones de tierras.

La embajadora de Chile ante la ONU explicó que esta determinación se enmarca en una serie de políticas que adoptará la administración de Michelle Bachelet, cuya principal medida es la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. Este proyecto de ley aún está pendiente, al igual que la instauración del Consejo de Pueblos Indígenas, ya que ambas propuestas serán concretadas tras un proceso de consulta, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

"Una nueva relación con la población originaria deberá estar basada no sólo en los derechos individuales, sino también en los derechos colectivos de estos pueblos", dijo Maurás, junto con recordar que ya se está trabajando en una nueva "institucionalidad indígena".

ABORTO Y TIPOS DE FAMILIA

La información entregada ayer ante la ONU responde a las 185 recomendaciones recibidas por Chile durante el proceso del Examen Periódico Universal. Esto, por parte de los otros Estados miembros del Consejo de DD.HH.

De ellas, la administración de Michelle Bachelet aceptó 180, incluidas las materias relativas a la Ley Antiterrorista y las sugerencias que apuntaban a la despenalización del aborto.

Así, la embajadora ante la ONU también informó ayer, tal como había adelantado este diario, que el gobierno rechazó la postura defendida por el Vaticano, que pedía respetar y proteger los derechos de un ser humano "desde el momento de la concepción hasta la muerte natural".

El informe elaborado por La Moneda señala que "el ordenamiento jurídico chileno establece que la existencia legal de toda persona humana principia al nacer, esto es, al separarse completamente de la madre".

Esta postura provocó una fuerte reacción por parte de la Alianza y de organizaciones civiles, que acusaron a Bachelet de caer en contradicciones con la Constitución al querer despenalizar el aborto en casos de violación, inviabilidad fetal y peligro de vida de la madre.

De hecho, diputados ya han solicitado revisar los distintos proyectos que se están tramitando en la Comisión de Salud.

Otro de los temas incluidos en el informe del gobierno fue el rechazo a dos recomendaciones recibidas por el Vaticano y Bangladesh, en las que se sugería definir a una familia sólo como consecuencia de la "unión entre un hombre y una mujer". En el documento se lee que "las recomendaciones se rechazan porque el ordenamiento jurídico chileno otorga protección a una diversidad de tipos de familia, a saber, monoparentales, biparentales, incluida la conformada por un hombre y una mujer".